Los diputados de la banca de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) anunciaron que próximamente presentaran una acusación constitucional contra la ministra de Defensa, Maya Fernández, por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Desde el bloque señalaron, a través de una minuta que "ante la inconstitucionalidad evidente que ha significado la firma de un contrato por casi 1.000 millones de pesos que buscaban el provecho patrimonial de la ministra Allende al vender un inmueble al Estado de Chile, hemos visto que el Presidente de la República no va a pedirle la renuncia a la Ministra y tampoco ella pretende dejar el cargo. Ante esta situación, nos vemos en la obligación de hacer valer la herramienta de la Acusación Constitucional”.

El documento asegura que es "imposible" que la ministra Fernández desconozca las normas elementales del estatuto parlamentario, puesto que ha ejercido anteriormente como parlamentaria y presidenta de la Cámara de Diputados.

Además, fundamentan la presentación del recurso constitucional en el Artículo 8 del Código Civil, el cual dice que "‘nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia’".

A lo que se suma el Artículo 706 del Código Civil, el cual "señala que 'un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe. Pero el error en materia de derecho constituye mala fe, que no admite prueba en contrario'".

Por último, el texto aclara que “los diputados acusadores no venimos a cuestionar ni la honorabilidad de la intención de la venta del inmueble por parte de la Ministra ni a cuestionar jurídicamente las condiciones del contrato.

Simplemente sostenemos que existe un acto jurídico que tuvo por objetivo un provecho patrimonial personal propio incompatible con una prohibición que la Constitución ha establecido en términos claros y explícitos”.

El fallido contrato por la compraventa de la casa de Allende

La compra del inmueble que perteneció a Salvador Allende por parte del Estado desató una polémica y posterior investigación, debido a las personas que figuran como parte de las propietarias son la ministra de Defensa, Maya Fernández y la senadora Isabel Allende (PS), nieta e hija del otrora jefe de Estado, respectivamente. El proceso de firma del contrato fue cancelado a principios de este año, tras las denuncias de parlamentarios de la oposición, que acusaron una violación constitucional por parte del gobierno, ya que la Carta Magna reza en su Artículo 37 bis que "durante su mandato, los ministros no pueden celebrar o caucionar contratos con el Estado".