Flor Weisse, Diputada del Distrito 21 reaccionó “ante las reiteradas denuncias sobre establecimientos educacionales que se niegan a utilizar los textos escolares entregados gratuitamente por el Ministerio de Educación y que, en su lugar, exigen a los apoderados la compra de material adicional en librerías y editoriales privadas.

Por esta razón Weisse ha oficiado a la cartera de educación para solicitar un informe detallado sobre la distribución y uso de estos recursos. La parlamentaria enfatizó que este tipo de prácticas perjudican directamente a las familias chilenas, imponiéndoles gastos innecesarios en un contexto económico desafiante.

Para la diputada, “lo importante es entender que los gastos del mes de marzo agotan cualquier presupuesto familiar, por ello es aceptable que, pese a que el Estado invierte millones de pesos en la impresión y distribución de textos escolares gratuitos, algunos colegios decidan dejarlos almacenados y obliguen a los padres a comprar otros libros”.

Esta situación atenta contra el derecho a la educación y afecta el presupuesto de miles de familias", señaló la Diputada, quien además recordó que el artículo 19 N° 10 de la Constitución Política de la República y la Ley General de Educación establecen el principio de gratuidad en el acceso a materiales educativos.

El oficio enviado al Ministerio de Educación solicita información sobre la cantidad de textos distribuidos, los establecimientos que han rechazado su uso y las medidas adoptadas para fiscalizar y sancionar a quienes incumplen la normativa. Además, se requiere conocer si existen convenios entre colegios y editoriales que incentiven la compra de textos adicionales en desmedro de los proporcionados por el Estado.

"Necesitamos asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que los estudiantes accedan a materiales de calidad sin que esto implique un gasto extra para sus familias. Vamos a exigir respuestas concretas y acciones inmediatas para frenar estas prácticas abusivas", concluyó la Diputada.

Por último la diputada insta a que las familias afectadas denuncien estas situaciones y que el Ministerio de Educación refuerce la fiscalización para garantizar que los textos escolares gratuitos sean efectivamente utilizados en el aula.