La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados inició esta semana la discusión del proyecto de ley que busca prohibir el uso de la Unidad de Fomento (UF) en cobros a personas naturales en 4 casos específicos: aranceles educacionales, planes de salud, arriendos y dividendos.

La iniciativa ha generado un amplio debate tanto en el mundo político como en el económico. Y es que la idea no pretende eliminar la unidad reajustable, sino restringir su aplicación en áreas que, según los impulsores, afectan directamente el presupuesto familiar.

Desde el Congreso, a través de sus impulsores, se argumenta que la UF, al ajustarse diariamente con la inflación, termina encareciendo servicios fundamentales, mientras los ingresos de la mayoría de los chilenos se mantienen en pesos.

La iniciativa fue ingresada en 2023 y establece la prohibición de aplicar la UF en el cobro de arriendos, colegiaturas, aranceles universitarios, seguros y prestaciones de salud.

“El problema es que la UF sube todos los días, pero los sueldos no. Con esta iniciativa buscamos proteger a las personas, que la educación, salud y vivienda dejen de calcularse en una unidad que no controlan”, señaló el diputado Daniel Manouchehri (PS), uno de los autores del proyecto.

Desde el Biobío, las opiniones son contrapuestas entre los congresistas respecto al apoyo que actualmente tiene la iniciativa, considerando además las implicancias económicas que tiene la UF en el mercado.

Bajo ese contexto, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) calificó la propuesta como “populista”, señalando que la iniciativa, según indicó, no reconoce los efectos que la eliminación de la UF en los 4 casos traería en contratos de viviendas, créditos, entre otros.

“Creo que no reconoce que la UF va a indexar también con la inflación y el IPC, por lo tanto si usted la elimina va a afectar a varios contratos que hay en materia de vivienda, va a encarecer el crédito o el acceso y a los bienes de capital a largo plazo. La gente finalmente con eso se empobrece mucho más”, explicó la parlamentaria del Distrito 21.

En la misma línea, Pérez indicó que es necesaria una revisión de “a lo que se está dando en los establecimientos de educación que son cosas de servicios que hoy también las personas son súper sensibles para ello y ahí podemos revisar, pero hay que tener cuidado como la autocrítica que no han hecho quienes firmaron este proyecto en relación a los retiros de la inflación que generó y que hasta el día de hoy tiene coletazos importantes”.

Si bien considera que la idea matriz del proyecto es buena, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) indicó que la propuesta debería centrarse en la arista del pago en la educación y afirmó que “sin duda que hay espacios en donde el cobro en UF es totalmente injustificado, particularmente en colegios y universidades en donde desde mi punto vista, el cobro en UF es un síntoma más de la decadencia de la educación, la que hoy sólo se ve como un producto, perdiendo totalmente el rol social que deben cumplir estos establecimientos”.

Sumado a lo último, Acevedo precisó que es clave analizar en detalle los pros y los contras de la propuesta, “dado que diversos analistas han planteado que eliminar la UF generaría un efecto contrario al que se plantea, produciendo un aumento en la especulación en algunos sectores como los bancos y los créditos hipotecarios en específico, este último uno de los puntos en los que se busca limitar el uso de la UF”.

Para el diputado Eric Aedo (DC) es importante tener en consideración que la modificación en aquel sistema de cobro podría generar, a largo plazo, “mayores costos para la clase media de nuestro país. Y esto porque los bancos y las instituciones mencionadas en el proyecto van a buscar la forma de reajustar los montos”.

“En caso de no existir la UF se haría una estimación de la inflación a mediano o largo plazo lo que terminaría perjudicando más”, complementó el parlamentario.

De la misma forma, el diputado instó a buscar un método para aliviar la carga monetaria, pero precisó que “este proyecto en particular siento que se aleja de ese propósito si uno lo analiza con más profundidad”.

Por su parte, el diputado Roberto Arroyo (PSC) hizo énfasis en el punto de proteger los ingresos de las familias y comentó que “la UF se reajusta por inflación pero los salarios no. Como diputado comprometido con el bienestar de la ciudadanía, apoyo con convicción que este proyecto avance: no estamos eliminando la UF, sino evitando que se use de forma abusiva en áreas críticas para la vida de las personas”.

Caso Biobío

Vale recordar que en Concepción han existido casos de controversia y acciones judiciales relacionadas con el cobro en Unidades de Fomento (UF). Un caso involucró al colegio Lycée Charles de Gaulle, donde se intentó cambiar la forma de pago de pesos a UF, lo que fue detenido por la Corte de Apelaciones penquista.

En aquella ocasión, el tribunal de alzada admitió a trámite un recurso de protección de un apoderado y suspendió la implementación de la medida mientras resuelve el fondo del reclamo contra el establecimiento.