Se cumplió un mes desde que estalló el caso de las licencias médicas fraudulentas, que involucró a más de 25 mil funcionarios del sector público, quienes viajaron al extranjero mientras contaban con este permiso médico, entre 2023 y 2024.

El caso afecta a más de 700 organismos públicos, entre ellos, empresas estatales como BancoEstado, Correos de Chile, Enap, Codelco y Metro de Santiago. A ellos, también se suman reparticiones y organismos del Estado, como subsecretarías, seremías, superintendencias, y asesores de ministerios, entre otros. También se han detectado casos en gremios -como el Colegio Médico (Colmed)-, municipalidades, e incluso, en el Ministerio Público.

Otros casos también golpearon al círculo cercano del Presidente Gabriel Boric, entre el más bullado, el de su cuñada Fiona Bonati -ahora experiodista de la Segegob-, quien viajó al extranjero en dos ocasiones mientras contaba con el permiso legal y con una extensión de su posnatal.

De hecho, ese caso fue tratado con máxima cautela desde La Moneda, por la cercanía en que se dio su renuncia, apenas cuatro días antes de la última Cuenta Pública del Mandatario. Entre las acciones que tomó el Ejecutivo, estuvo el plazo de 72 horas para que los 788 organismos comprometidos iniciaran un sumario administrativo a los funcionarios que habían protagonizado las irregularidades.

El 26 de mayo venció dicho plazo, y desde entonces, comenzaron a correr los 30 días para que los respectivos servicios enviaran el detalle de los sumarios, lo que se cumplirá la próxima semana. En ese sentido, el martes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que la próxima semana se dará a conocer el avance de los 6.600 sumarios que se abrieron a funcionarios del Gobierno Central, y que corresponden a 131 instituciones.

Casos polémicos y daños colaterales

En las primeras oleadas de despidos, se conocieron varios casos inéditos, revelados por la misma contralora Dorothy Pérez en la sesión especial ante el Senado. "Durante este periodo de reposo de licencia médica que nosotros revisamos, encontramos funcionarios con 16 a 30 entradas y salidas, otros con más de 31 entradas y salidas del país".

En esa línea, destacó el caso de un funcionario que salió de Chile en 30 ocasiones, mientras contaba con este permiso de reposo. También mencionó el caso de una médica que se otorgó la licencia médica a si misma y viajó.

Así, la trama acumula cientos de sumarios en curso y renuncias -que han incluido a altos rangos-, pero también ha significado daños colaterales, como la salida de quien hasta el lunes era titular de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), Pamela Gana.

Esto, luego que la Contraloría diera a conocer que la entidad mantiene desactualizada la norma que regula el ejercicio de las atribuciones legales respecto al otorgamiento y correcto uso de las licencias médicas.

El destape de las irregularidades en el uso de licencias médicas ha generado una serie de resquemores, tensiones e incertidumbre en el sector público. Aunque en varios servicios o empresas estatales los funcionarios han recibido la información de que todo se revisa "caso a caso", algunos todavía desconocen si forman parte o no de esos procesos, o si en un futuro, Contraloría decida ampliar el rango de cruce de datos a años previos al 2023.

Los resquemores de funcionarios públicos

En el Registro Civil las aguas están relativamente en calma, puesto que sólo tenían un caso asociado a las licencias médicas, y que además correspondía a una persona que ya no está en el servicio.

Fonasa también fue un servicio golpeado por el tema de las licencias, aunque algunas voces destacan que hay "pocos casos" y que como los sumarios ya partieron, ahora están a la espera que de lo que se resuelva a partir de aquello. Sin embargo, prefieren mantener la cautela, y descartar un mayor impacto al interior de la institución.

En tanto, en el Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC) -red que abarca Santiago, Estación Central, Cerrillos, Maipú y parte de Pedro Aguirre Cerda y más de 10 mil funcionarios-, existe la percepción de que el tema de las licencias se ha llevado de manera "transparente, pero a la vez, reservado".

En general, los funcionarios saben que se han seguido las indicaciones de Contraloría y que se han iniciado los sumarios respectivos, pero al ser reservados, no hay mayores detalles o conocimiento del contenido de los mismos.

Esto, considerando además que cada hospital es el encargado de instruir el respectivo sumario. En algunas reparticiones del ministerio de Hacienda el mensaje que llegó a los funcionarios fue de "calma" y que se revisaría caso a caso.

La percepción en general es que son los altos mandos los que han estado encabezando las decisiones respectivas y que el proceso de los sumarios avanzará en pos del deber ser del funcionario público, es decir, apegado a los reglamentos. En las reparticiones en que no han habido casos, la sensación es, efectivamente, de calma o tranquilidad, pero en aquellas donde sí hay casos, se percibe un ambiente de incertidumbre.

Esto, porque debido a que los sumarios se analizarán en su propio mérito, algunos funcionarios tienen dudas respecto a sus licencias en el periodo investigado, por ejemplo, con la hora o fecha en que fueron emitidas y los días en que viajaron.

En Banco Estado -institución que el pasado 23 de mayo anunció una investigación por viajes con licencias médicas de 317 funcionarios- se despertó un ambiente de resquemor entre los funcionarios, quienes actualmente se declaran más cautelosos en todo lo relativo al uso de licencias médicas, y es que -al igual que en varios servicios-, no pensaron que una investigación de Contraloría, de tal magnitud, pudiera venir y causar los efectos ya conocidos. Hay otra duda que ronda entre los funcionarios, y es la eventualidad de que existan futuras investigaciones en esta línea que, por ejemplo, consideren años anteriores.

Mundo gremial

En el mundo gremial también hay efectos colaterales y resquemores. Desde la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), su presidenta Carol Montecinos, subraya que alrededor del 1% de los funcionarios de la Salud están vinculados al caso licencias, pero reconoce que la magnitud del caso y su alcance mediático "ha tensionado un poco el ambiente con respecto al trato que recibimos desde los usuarios".

Esto, afirma, porque los usuarios "se sienten hoy con el derecho -a raíz de ver en los medios- que los funcionarios públicos salen de vacaciones estando con licencia, y por lo tanto, utilizan un instrumento que nosotros, si bien trabajamos en el área de la salud, sabemos que es para el descanso, el cuidado y para la recuperación de la salud de los trabajadores, y eso se ve cuestionado en todos los ámbitos".

De acuerdo a Montecinos, la tensión que existe hoy se debe a que no se han mencionado las cifras de cuánto representa, en el mundo público, la cantidad de funcionarios que hicieron mal uso de este instrumento.

"Lo que hace que la población se sienta con el derecho de agredir, tanto verbal como físicamente a los funcionarios. Las 25 mil licencias cuestionadas por Contraloría, representa el 3% del total de funcionarios públicos". Donde también han existido serios reparos es el mundo municipal.

A inicios de junio, desde la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile (Fentramuch), liderada por Fabián Caballero, sostuvieron que hay un "procedimiento express" de persecución a los funcionarios públicos por el escándalo de licencias médicas y apuntaron contra las medidas "antitrabajadores" surgidas a partir del informe de Contraloría. "Nos llama mucho la atención esta excesiva cobertura mediática que ha tenido.

Hemos solicitado, desde el mundo de los trabajadores municipales organizados, auditorías muy similares, pero hemos encontrado desinterés y dilatación. Hay alcaldes que deben miles de millones de pesos en cotizaciones previsionales y eso no se ha investigado con la misma diligencia", dijo Caballero.

En tanto, desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), sostuvieron que la labor del ente fiscalizador "es un trabajo que no hay que desconocer, y que son hechos graves. No obstante, nos llama la atención que se pretenda instrumentalizar situaciones, que son irregulares y faltan a la probidad, en contra de las y los trabajadores del Estado".