La Contraloría General de la República anunció una revisión para establecer si corresponde aplicar descuentos de remuneraciones a los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que se mantienen en paro criticando la gestión de su directora saliente, Consuelo Contreras.

La situación es similar a la que ocurrió hace unas semanas con los docentes de establecimientos públicos que se adhirieron a una paralización convocada por el Colegio de Profesores, lo que llevó al ente fiscalizador a monitorear que los respectivos sostenedores efectúen los descuentos de sueldo.

el diputado e integrante de la comisión de Derechos Humanos, Daniel Lilayu (UDI), envió un oficio a Contraloría para indagar lo ocurrido con los funcionarios que participaron del paro convocado por Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (AFFINDH) y aclarar si proceden los descuentos de remuneraciones por los días no trabajados.

En el documento, el parlamentario pidió "informar sobre la efectividad de la paralización de funciones por parte de trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y eventual descuento de remuneraciones", esto en la línea de que "ese instituto es un servicio público creado para el cumplimiento de una función administrativa, que forma parte de dicha administración y se encuentra sometido, por ende, a la fiscalización de este organismo de control".

Al respecto, el pasado viernes 27 la entidad comenzó a recabar información del caso para su posterior pronunciamiento. En un documento remitido al INDH se copió el requerimiento de Lilayu "a fin de que se sirva informar a este organismo de control, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio, respecto a lo expuesto por el recurrente".

La CGR agregó que dicho informe "deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional. Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata".