La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló dos cargos contra la empresa de Servicios Mecanizados Aseos y Roces Limitada, titular del proyecto “Vertedero Licura Mulchén” -ubicado en la comuna de Mulchén, en el Biobío- luego de constatar que el titular modificó el proyecto, sin contar con la evaluación ambiental respectiva.

Este proyecto consiste en un vertedero de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, preexistente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Si bien el proyecto cuenta con autorizaciones sanitarias, su cierre no ha sido evaluado ambientalmente.

La investigación tiene como origen una denuncia ciudadana ingresada ante la SMA, vinculada principalmente a la existencia de un vertedero ilegal en funcionamiento. La denuncia informa que, como consecuencia de su funcionamiento, se han provocado efectos adversos significativos contra las comunidades cercanas, tales como ruidos molestos, eventual contaminación a cuerpos de agua, degradación de suelos, malos olores y propagación de vectores.

De las actividades de inspección realizadas por esta Superintendencia, se verificó que el proyecto contaba con un sector de acceso al vertedero, sectores activos de frentes de trabajo, presencia de nuevas celdas de disposición de desechos, ingreso de camiones durante el día, cubrimiento de los residuos con tierra, y un sector con un estanque de acumulación de lixiviados.

Sobre la base de estos antecedentes y del examen de la información proporcionada por la empresa, la SMA inició un procedimiento de requerimiento de ingreso al SEIA, luego de concluir que el vertedero se encontraría en una hipótesis de elusión, lo cual refrendó la Dirección Ejecutiva del SEA.

A raíz de esta respuesta, la SMA requirió al titular, bajo apercibimiento de sanción, el ingreso del proyecto “Vertedero Licura Mulchén” al SEIA, y por verificarse un “cambio de consideración” respecto del proyecto.

Por último, la SMA realizó una segunda fiscalización donde se constató que el proyecto no se había sometido a evaluación ambiental.
Con todo, la Superintendencia del Medio Ambiente inició un procedimiento administrativo sancionatorio donde formuló dos cargos contra la empresa. Cada infracción fue clasificada como grave.

La primera infracción se sustenta porque la empresa modificó el proyecto de disposición de residuos domiciliarios y asimilables, que atiende a una población superior a 5.000 habitantes, sin contar con una autorización ambiental que lo autorice.

Por su parte, la segunda infracción se sustenta en que la empresa incumplió el requerimiento de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ordenado por la SMA.

Tras el inicio de este procedimiento, el titular dispone de un plazo ampliado de 22 días hábiles para formular sus descargos o de 15 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento.