El presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, rindió la cuenta pública del organismo, correspondiente al año 2024, instancia donde asistieron distintas autoridades, entre ellas, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; el ministro de Economía, Nicolás Grau; y el director general de Carabineros, Marcelo Araya.

De acuerdo a los datos expuestos en la instancia, durante 2024, el CDE mantuvo 43.245 asuntos vigentes, de los cuales 20.977 tienen que ver con juicios donde interviene el organismo.

De ellos, un 61% de las causas (12.946) tiene relación con asuntos civiles/ contencioso administrativas; un 19% tiene que ver con temas laborales y de cobranza (3.948); un 7% por causas penales (1.434); un 6% relacionada a acciones ante tribunales superiores de justicia (1.235); un 5% a reclamaciones por expropiaciones (1.018); y un 2% a otros juicios (397). La cuantía total de estos procesos fue de más de 14 billones de pesos.

En su dimensión patrimonial, los 20.977 juicios a su cargo representan una suma equivalente al 4,8% del PIB del país. Solo en 2024, ingresaron al servicio cerca de 16 mil nuevos asuntos, y la mitad de ellas tienen que ver con aquellos relativos a civiles/contenciosos administrativos, donde destacan principalmente "demandas de indemnización sobre vulneraciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990, que este año incrementaron su ingreso en un 16%, llegando a 2.367 nuevas causas". En esa línea, Letelier dijo ver con preocupación "el aumento general de procesos atendidos por nuestra institución.

Es indudable que la ola judicializadora que afecta a muchos países ha llegado a Chile, lo que nos plantea un sinnúmero de desafíos de mejora en nuestros procesos internos". Entre ellas, "automatizar y digitalizar la producción de textos legales, todas herramientas que ya hemos implementados satisfactoriamente a partir de este año".

"La constatación de esta alza judicial es también un llamado de atención a nuestra legislación, para hacer lo posible por evitar regulaciones principalistas que profundicen la incertidumbre en las respuestas a problemas jurídicos complejos; también, para que se observen los riesgos de judicialización en cada una de las reformas legales que se emprenden, así como para propender a que en las futuras reformas judiciales se desincentive la litigación frívola y ser evite que los jueces actúen como primeros fiscalizadores y sancionadores de sectores que pueden ser perfectamente vigilados y sancionados por la administración del Estado, reservando la vía judicial solo para los casos de conflicto", comentó.

Letelier también destacó el foco en la defensa de los actos administrativos del Estado con contenido ambiental, donde destacó "la obtención de sentencias favorables en relación de recursos de protección presentadas contra el Consejo de Monumentos Nacionales, la Conadi, y la Municipalidad de Temuco, en relación a materias de construcción; y contra el Minvu, en materias referidas a la factibilidad territorial para ampliar concesiones de servicios sanitarios", y otras sentencias favorables ante tribunales ambientales, relativos a humedales urbanos y declaratorias de áreas protegidas.

En materia de defensa de la probidad administrativa, el CDE se encuentra participando en calidad de querellante en 211 casos, lo que equivale a un 24,5% de las causas registradas en el organismo vinculadas a materias municipales. "El CDE ha mantenido su labor constante en asuntos referidos a convenios de transferencia de recursos públicos.

Al término de 2024, el CDE ha presentado 12 querellas criminales contra funcionarios y particulares por los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, cohecho, apropiación indebida, y 6 ampliaciones que afectan a personas vinculadas a 17 fundaciones; 7 de estas acciones se relacionan directamente con transferencias de fondos desde los gobiernos regionales de La Araucanía, Biobío, Los Lagos, y la ex Intendencia de Santiago", subrayó Letelier.