La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, se refirió a las declaraciones del embajador de China en Chile, Niu Qingbao, quien exigió un "castigo severo" para los responsables del ataque a la Central Hidroeléctrica Rucalhue, ocurrido el 20 de abril en la región del Biobío.

Ese día, encapuchados incendiaron más de 50 camiones y maquinarias de la empresa, causando graves pérdidas económicas y lesiones al personal.

El embajador, Niu Qingbao, condenó enérgicamente el acto de violencia, señalando que "la Embajada condena enérgicamente este acto de violencia, exige el castigo severo a los responsables, la garantía efectiva de la seguridad del personal y los proyectos chinos, la compensación por las pérdidas de la empresa, y la provisión de un entorno seguro y favorable para las empresas chinas".

Además, destacó que las relaciones comerciales entre China y Chile "se basan en el respeto mutuo, la igualdad, el beneficio recíproco y la cooperación de ganancia compartida, generando beneficios tangibles para ambas partes".

Al respecto,Jiménez expresó que, ante este tipo de actos violentos, lo que debe prevalecer es una investigación profunda, la sanción de los culpables y la prevención de futuros incidentes.

"En todos los actos de este tipo de violencia, de terrorismo, tal como lo ha declarado la propia autoridad, lo que se debe buscar es, primero, investigación profunda, sancionar a los culpables y prevenir de que esto vuelva a ocurrir", señaló.

Además, remarcó que el fenómeno no tiene "ni color político ni origen de procedencia de las inversiones", y que es fundamental trabajar para frenar este tipo de situaciones que dificultan los proyectos de inversión en el país.

En relación con la solicitud del embajador de una compensación por las pérdidas sufridas por la hidroeléctrica, Jiménez dijo que no tiene claro a qué se refiere específicamente el diplomático.

"Las compensaciones, no sé exactamente a qué se refiere el embajador en esos términos, pero lo que sí tengo claro es que este es un problema que está un poquito desbordado desde el punto de vista de que ha sido muy difícil contener estas situaciones a pesar de los esfuerzos que se están haciendo", agregó.

Respecto a la propuesta de establecer compensación a las empresas extranjeras, Jiménez consideró que es un tema debatible.

"Es una materia perfectamente debatible en el sentido de que es una posibilidad, pero también uno pensaría que los recursos públicos uno quisiera destinarlos mayormente a justamente prevención y persecución de estos delitos", dijo.

En cuanto a la viabilidad de un fondo de compensación, señaló que "probablemente pasan más por seguros, sí es que los puede haber", aunque también reconoció que en ciertas zonas complejas, los seguros no operan. Jiménez destacó que la prioridad del gasto público debe estar dirigida a fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad para enfrentar este tipo de delitos.

"Hoy día la prioridad del gasto público debiera estar apuntando justamente a fortalecer nuestras fuerzas para poder contener y combatir este tipo de flagelo", concluyó. Finalmente, en relación con la posibilidad de una política sistemática que cubra a todas las empresas afectadas por ataques de este tipo, Jiménez expresó que aún no tiene una opinión clara.

"Creo que cualquier política que se haga tiene que ser más allá, obviamente, de los fondos de origen, porque esto es algo que hoy día afectó a una hidroeléctrica china, pero que sabemos que ha afectado a múltiples actores y de manera transversal", puntualizó.

A su juicio, cualquier acción que se tome debe considerar a todas las víctimas de estas situaciones, no solo a las empresas extranjeras, sino también a las nacionales y a los ciudadanos afectados.