Los últimos meses han estado marcados por diversos hechos de violencia en establecimientos escolares, ya sea agresiones entre alumnos, a profesores o de docentes a estudiantes.

Una realidad preocupante que tiene en alerta a las autoridades del Ministerio de Educación. Y dentro de estos casos también se ha experimentado un considerable aumento en las denuncias por hechos de connotación sexual.

De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Educación, con registros del primer trimestre del 2025, se experimenta un incremento de 29% en relación al mismo periodo del 2024. A la fecha van 145 denuncias por connotación sexual, superiores a las 112 que había el año pasado.

Lo de este 2025 es similar a la realidad del 2023, donde fue exactamente la misma cantidad de acusaciones recibidas. Como referencia, los últimos tres años terminaron todos con un total de más de 1.000 denuncias.

El 2022 fueron 1.127, el 2023 bajaron a 1.124 y el 2024 fue el de mayor cantidad que se tenga registro con 1.219. De estas 145, 49 corresponden a casos de adultos contra estudiantes y párvulos, mientras que 96 son entre pares. En cuanto al detalle, la Región Metropolitana encabeza con 58 denuncias, seguida Biobío con 19 y de Valparaíso con 17.

También asoma Los Lagos con 16 entre las con mayor cantidad. En lo que respecta a la dependencia del establecimiento, casi la mitad (72) son de particulares subvencionados, mientras que 32 denuncias son de municipales, 17 de particulares pagados y 16 de los SLEP.

La visión de la Superintendencia

"En cuanto al aumento de las denuncias, hemos visto con los años un alza no solo en las relacionadas con los temas de convivencia, sino que en general se han recibido más requerimientos de la ciudadanía, situación que puede asociarse a múltiples factores, como un mayor conocimiento sobre cómo debe funcionar el sistema y cuáles son los derechos de estudiantes y apoderados", destaca Constanza Ibarra, jefa (s) de la División de Protección de Derechos Educacionales.

Agrega que "además, las comunidades educativas están más atentas a las señales que puedan ser un indicio de que podría estar ocurriendo una situación de vulneración de derechos y de riesgo a la integridad de niñas y niños, por lo que exigen en los establecimientos la activación de los protocolos y denuncian cuando no se realizan de acuerdo los procedimientos establecidos para abordar estos casos".

Ibarra recuerda que "ante hechos de connotación sexual, los establecimientos tienen el deber de aplicar los protocolos de actuación correspondientes para resguardar a las y los estudiantes afectados y las medidas disciplinarias, conforme a la gravedad del caso, de aquellos estudiantes involucrados.

En el caso de que existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito, es deber del establecimiento denunciar ante el Ministerio Público, Carabineros o Policía de Investigaciones, dentro de las 24 horas siguientes al momento que tomen conocimiento de los hechos".