A cinco meses del término del actual mandato presidencial, el Ejecutivo enfrenta una carrera contra el tiempo para sacar adelante uno de sus compromisos más emblemáticos: el proyecto de ley que crea el Financiamiento para la Educación Superior (FES), diseñado para reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE).

El 11 de marzo de 2026 marcará el fin de la administración, pero el calendario legislativo reduce considerablemente los plazos. Con el receso parlamentario de febrero, las semanas distritales y las audiencias previas, el gobierno calcula que restan poco más de nueve semanas efectivas para avanzar en la tramitación. En este escenario, el seminario del 29 de octubre se perfila como una instancia clave para zanjar los principales nudos del proyecto.

Obstáculos en el Congreso y en el mundo académico

La propuesta enfrenta resistencias tanto en el Parlamento como en el mundo académico. Rectores de universidades han cuestionado aspectos centrales del diseño, advirtiendo sobre riesgos de sostenibilidad financiera para las instituciones. Entre ellos, el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, mantiene reparos a la versión actual de la iniciativa.

En el Congreso, la situación no es más favorable: la discusión del Presupuesto 2026 y otras prioridades legislativas podrían relegar el FES a un segundo plano.

Debate sobre el copago y el “sobrepago”

Uno de los puntos más sensibles es el esquema de copago que deberán realizar los beneficiarios. Actualmente, el proyecto lo permite solo para el décimo decil, pero se evalúa ampliarlo hasta el séptimo decil.

Además, genera críticas la fórmula que podría llevar a estudiantes a pagar más de lo que costó su formación. La versión actual establece que el límite se alcanza cuando el beneficiario ha cubierto el 90 % del tiempo de la carrera y 3,5 veces el arancel regulado. Sin embargo, se debate reducir ese tope a 2 o incluso 1,5 veces.

Promesa en riesgo

Aunque el gobierno ya logró la aprobación de la reforma electoral —considerada otro hito del período—, el FES sigue en estado “amarillo”: con opciones de avanzar, pero sin certeza de concretarse. La estrechez de los plazos y la complejidad técnica del proyecto hacen dudar a expertos y parlamentarios de que se logre su aprobación antes del cambio de mando.

Con el tiempo en contra, la promesa de terminar con el CAE y reemplazarlo por un nuevo sistema de financiamiento estudiantil se juega en estas semanas decisivas su viabilidad política y legislativa.