Desde la entrada en vigor de la Ley 21.334 —que permite anteponer el apellido materno en la inscripción civil— 64.225 adultos han solicitado invertir el orden de sus apellidos en Chile. 

La norma, vigente desde el 11 de enero de 2022, marca un cambio simbólico en las concepciones tradicionales de filiación y da opción a las personas mayores de edad de rectificar su partida de nacimiento para anteponer el apellido materno. 

Evolución del trámite

Durante el primer año de su aplicación, 26.046 adultos realizaron el cambio. En 2023 fueron 13.468, en 2024 se registraron 15.602, y hasta la fecha en 2025 ya suman 9.109 solicitudes. 

El trámite no tiene costo en el Registro Civil, pero sí exige el pago de la publicación en el Diario Oficial: $5.100 CLP para quienes no tienen hijos y $7.600 CLP para quienes sí. Además, exige la reposición de documentos de identidad como cédula o pasaporte. 

Qué permite la ley y quiénes pueden acceder

La Ley 21.334 se promulgó en abril de 2021. Ella modifica la práctica histórica que obligaba al apellido paterno a ir primero, permitiendo que los padres decidan el orden de los apellidos al inscribir al primer hijo —y que ese orden se mantenga para los siguientes. 

Respecto de los mayores de edad, la normativa faculta que puedan solicitar la conversión del orden de sus apellidos, aunque solo pueden hacerlo una única vez. 

Dimensión simbólica y social

Aunque muchos cambios se han efectuado en forma individual, académicos e investigadores destacan que el fenómeno tiene una dimensión simbólica profunda. La doctora Paz Concha (Universidad Central) considera que esta tendencia “refleja una transformación profunda en las formas de familia” y permite visibilizar la figura materna o marcar distancia con vínculos paternos ausentes o conflictivos. 

Por su parte, la socióloga Ángela Boitano (UDP) señala que este tipo de decisiones revelan un cuestionamiento al orden patriarcal: “Que hoy se pueda poner primero el apellido materno es parte de los cambios que han debilitado ese orden” —explica—, “y da cuenta de un cambio en la idea de legitimidad y filiación”. 

Para el director nacional del Registro Civil, Omar Morales, la implementación de la ley refleja un avance en el derecho a la identidad: las personas pueden decidir un aspecto fundamental de su registro civil de manera administrativa, sin necesidad de un proceso judicial costoso.