En una sesión que fue calificada como simbólica por actores del mundo sindical y municipal, el Senado despachó, este miércoles, el proyecto de ley que instituy e incorpora normas para proteger la salud y seguridad de los recolectores de residuos domiciliarios. 

La iniciativa, ingresada al Congreso en mayo de 2024 por el Presidente Gabriel Boric, tenía por objetivo dotar al sector de un marco legal propio que reconozca las particularidades de su labor y establezca estándares mínimos obligatorios. 

Normas clave incluidas en la ley

Entre los requisitos y obligaciones que emanan de la nueva normativa destacan:

• Las personas dedicadas a la recolección —barredores, conductores y peonetas— contarán con acceso permanente a agua potable durante sus turnos de trabajo. 

• Se establece la exigencia de servicios higiénicos gratuitos en los lugares de trabajo, así como puntos sanitarios intermedios en las rutas de recolección. 

• Contratantes —como municipios o gobiernos regionales— estarán obligados a asegurar que, aun en caso de subcontratación, las empresas recolectoras cumplan con estas medidas y se responsabilicen de su cumplimiento. 

• La ley también impone la creación de un protocolo de prevención y gestión de riesgos, programas de vigilancia de salud ocupacional y exámenes preventivos gratuitos una vez al año. 

El proyecto delega a un reglamento, que deberán elaborar conjuntamente el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Salud, la definición de condiciones específicas de seguridad y salud laboral que completen lo planteado en el cuerpo legal. 

Significado político y social

Durante la votación, diferentes senadores coincideron en que aprobar esta ley era una deuda histórica con un sector que, hasta ahora, ha sido frecuentemente invisibilizado.

El reconocimiento legal de su rol se suma a la aspiración de mejorar condiciones muchas veces precarias, donde los riesgos físicos, sanitarios y ambientales han sido constantes.

Para municipios y gobiernos regionales, este nuevo marco implica asumir responsabilidades más estrictas en términos de fiscalización, coordinación con empresas contratistas y recursos para garantizar cumplimiento efectivo.

Con esta definición legal, el Ejecutivo avanza en la formalización de derechos laborales para trabajadores que prestan un servicio esencial para el funcionamiento urbano y la salubridad pública.