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Política
10/10/2025
El proyecto de Ley de Presupuestos 2026, presentado recientemente por el Ejecutivo al Congreso, trajo consigo un mensaje de austeridad que de forma inmediata trajo inquietud en la Región del Biobío.
Bajo el argumento de avanzar hacia la “convergencia fiscal” y estabilizar las cuentas del Estado, el documento elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) contempla, entre otras cosas, importantes reducciones en programas claves de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), dos instituciones fundamentales para el desarrollo territorial y productivo de la zona.
El ajuste, según Hacienda, busca garantizar responsabilidad en el gasto y priorizar recursos en áreas de mayor impacto social. Sin embargo, en regiones como el Biobío el recorte se percibe como un retroceso que amenaza con frenar proyectos municipales, debilitar el apoyo a emprendedores y limitar la capacidad de gestión local.
Entre las reparticiones más golpeadas figura la Subdere, organismo encargado de transferir recursos a los municipios y apoyar la modernización de la gestión comunal. De acuerdo con el informe de la Dipres, algunos programas sufrirán reducciones de hasta un 100%, entre ellos el Programa de Modernización Municipal y el Servicio de Asistencia Técnica Especializada (SATE), ambos diseñados para fortalecer capacidades locales, especialmente en comunas rurales o semiurbanas.
Esto implica que en 2026 muchas municipalidades del Biobío, como Arauco, Tomé o Cabrero, dejarán de contar con asesoría técnica y apoyo para formular proyectos de inversión. En la práctica, se trata de recursos que permitían levantar iniciativas de infraestructura, servicios públicos o desarrollo comunitario, cuya continuidad hoy está en entredicho.
El panorama no es distinto en Corfo, institución clave para la articulación público-privada y el fomento a la innovación productiva. Según el detalle del proyecto, se proyectan fuertes disminuciones en líneas estratégicas: el Comité de Desarrollo y Fomento Indígena sufriría un recorte del 43,9%, los Fondos y Sociedades de Inversión caerían un 36,2%, y los Programas Estratégicos de Desarrollo disminuirán un 18,7%.
Estos son los que sostienen buena parte del impulso a las pequeñas y medianas empresas (pymes) regionales, en sectores como la manufactura, la pesca artesanal y la agroindustria, tres pilares de la economía del Biobío.
Los recortes, según expertos, podrían afectar la competitividad de estas actividades, en momentos donde la región busca diversificar su matriz productiva y enfrentar los efectos del estancamiento económico.
La directora de la Dipres, Javiera Martínez Fariña, defendió la propuesta del Ejecutivo asegurando que el Presupuesto 2026 “muestra que la responsabilidad social y fiscal van de la mano”. Explicó que este año se realizó un ejercicio de reasignación de recursos para “financiar de forma más eficiente las prioridades de la ciudadanía”, continuando una política de control del gasto iniciada en ejercicios anteriores.
En términos macroeconómicos, la estrategia se enmarca en un plan de reducción del déficit estructural, es decir, de la brecha entre ingresos y gastos del Estado descontando los efectos del ciclo económico.
Según explicó el seremi de Hacienda del Biobío, Sebastián Rivera, el objetivo es que “la deuda pública no supere el 1,6% del PIB en 2025” y que el país alcance un balance fiscal cero hacia 2029.
“Dipres implementa estrategias anuales para equilibrar las cuentas. La convergencia fiscal es un proceso de largo plazo y estos ajustes responden a esa hoja de ruta”, señaló Rivera, quien admitió que “toda política de consolidación fiscal tiene costos regionales”, aunque confía en que los beneficios de la estabilidad macroeconómica “se traduzcan en mayor inversión privada y confianza en el país”.
Para el académico Claudio Parés Bengoechea, jefe de carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Concepción, el tema trasciende lo meramente presupuestario. A su juicio, “aunque una disminución de fondos regionales afecta a la economía local, su impacto cuantitativo es relativamente menor, porque los recursos transferidos a las regiones representan una fracción muy pequeña del gasto fiscal total del país”.
Desde esa perspectiva, el economista sostiene que el debate tiene una raíz más política que económica. “Mientras no exista un verdadero traspaso de competencias a los gobiernos regionales, seguir discutiendo por más recursos resulta poco eficiente. Es necesario reformar la ley de atribuciones antes de seguir peleando por fondos que, en la práctica, no se pueden ejecutar plenamente”, planteó.
Parés apunta a un problema estructural del modelo de descentralización chileno: la brecha entre autonomía formal y capacidad real de decisión. “Si los gobiernos regionales no tienen poder efectivo para decidir sobre sus presupuestos, las reasignaciones seguirán siendo administradas desde Santiago, sin una mirada territorial de largo plazo”, advirtió.
Pero en el territorio, como se ha conocido durante estos últimos días, el mensaje no fue bien recibido. El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, fue categórico al expresar su molestia: “La Región del Biobío no se conforma con cualquier cosa. Hemos tenido una conversación muy sincera con los 33 alcaldes de la región y coincidimos en que el presupuesto que se nos plantea desde el nivel central no responde a nuestras necesidades”.
Giacaman aseguró que el monto asignado “es prácticamente la mitad de lo que los municipios solicitaron” y que esta disminución “impedirá concretar proyectos emblemáticos como edificios consistoriales, Centros de Salud Familiar o la entrega de equipamiento a las policías”.
“El nivel central nos ha dicho que somos una región prioritaria, pero eso no se refleja en los números. Vamos a presentarnos ante el Congreso para exigir un aumento, porque lo que se propone hoy es, derechamente, insuficiente”, afirmó el gobernador, adelantando que encabezará gestiones políticas para revertir los recortes durante la tramitación legislativa.
