Diputados de la Región del Biobío alzaron la voz ante el hallazgo de 40 toneladas de ácido clorhídrico en el Puerto San Vicente, insumo altamente peligroso y considerado precursor químico en la elaboración de drogas sintéticas. Los legisladores Karen Medina (Ind – DC) y Roberto Arroyo (PSC) enviaron oficios a Seguridad Pública, Aduanas y el Ministerio de Seguridad para conocer detalles del procedimiento y exigir mayores controles en puertos, pasos fronterizos y rutas internacionales.

El cargamento, según informó Aduanas, venía desde el Puerto del Callao en Perú y tenía como destino Bolivia. El operativo —liderado por la Fiscalía Regional de Los Lagos a través de SACFI— encendió las alertas respecto de la posible existencia de redes criminales que cruzan el territorio chileno para movilizar sustancias químicas clave en la producción de metanfetaminas.

En ese contexto, la diputada Karen Medina valoró la actuación de las instituciones, pero advirtió que es necesario ir más allá y reforzar los sistemas de trazabilidad.

“Nos preocupa profundamente que Chile esté siendo utilizado como corredor químico por mafias internacionales. Aquí no solo hablamos de un tema sanitario o de control aduanero, estamos frente a una amenaza directa del crimen organizado”, señaló la legisladora.

Medina solicitó conocer si se han actualizado los protocolos de fiscalización para el transporte de estos químicos y si el Plan Nacional contra el Crimen Organizado contempla medidas concretas para frenar este tipo de tráfico. También pidió detalles de cargamentos similares detectados en los últimos cinco años.

Por su parte, el diputado Roberto Arroyo (PSC) respaldó el requerimiento y sumó su preocupación por la falta de información pública sobre rutas de tránsito de estos productos.

“Lo que más inquieta es que no es un caso aislado. Estas organizaciones están utilizando nuestros puertos y carreteras para mover insumos que terminan siendo drogas que destruyen vidas. Necesitamos saber si esto ocurre con frecuencia y cómo se está previniendo”, afirmó el parlamentario.

Ambos legisladores coincidieron en que se requiere mayor articulación entre instituciones chilenas y agencias de países vecinos, en especial Perú y Bolivia, para prevenir el tráfico de precursores químicos. También solicitaron transparencia respecto a los resultados de laboratorio, agentes intervinientes en el operativo y existencia de cooperación internacional.

“Las drogas sintéticas son una amenaza creciente. Si no frenamos el tráfico de sus componentes, el problema se volverá inmanejable. Por eso pedimos información detallada, medidas preventivas y acciones urgentes”, concluyó Arroyo.