Un estudio revela que en el Congreso existe un "boom" de proyectos que abordan temas ligados a la seguridad y justicias, pero que la capacidad de avance es baja y que urge una necesidad de una "reorientación" del enfoque legislativo.

La Fundación P!ensa, un think thank autónomo que promueve el desarrollo de políticas públicas, realizó una investigación que analiza 1.070 proyectos ingresados al congreso desde el 1 de enero de 2015 hasta 16 de noviembre de 2025. Tras los resultados, los números son reveladores.

Con un alza de ingresos en 2023, el análisis refleja un "cuello de botella" en la capacidad de concretar las ideas legislativas.

En un 91% (865 de 948) de los proyectos activos sigue en primer trámite. "Los hallazgos sugieren la necesidad de una reorientación del enfoque. No se trata de reducir la actividad legislativa en materia de seguridad, sino de revisar qué dimensión del problema estamos abordando. Una concentración exclusiva en lo punitivo deja fuera la dimensión institucional y preventiva del fenómeno", sostiene Francisca Undurraga, investigadora asociada de la fundación.

En ese sentido, afirma que "los recientes antecedentes sobre una red de corrupción al interior de Gendarmería dan cuenta con claridad de esta omisión", en relación a la polémica que se destrabó ayer en el interior de Gendarmería, luego de que un masivo operativo policial detuviera a 44 funcionarios de la institución por formar parte de una red de crimen organizado, quienes entraban diversos artículos a los recintos penitenciarios y no respetaban los protocolos de visita.

¿Efectividad legislativa?

Por otra parte, el estudio también revela datos sobre la efectividad de un proyecto de ley. Los números muestran que un proyecto del Ejecutivo tiene un 48% de probabilidad de convertirse en ley, mientras que uno del Senado alcanza un 12% y uno de la Cámara un 7%.

"Esto muestra que las iniciativas parlamentarias sin respaldo del Ejecutivo tienen escasas posibilidades de prosperar, incluso cuando abordan necesidades reales. Esta dinámica evidencia una responsabilidad compartida entre ambos poderes del Estado en mejorar la coordinación, para que propuestas viables en seguridad y justicia puedan avanzar efectivamente", afirma Undurraga.

A partir de 2022, respecto al flujo de proyectos de seguridad y justicia analizado, se sostiene que hubo una sobrecarga en el Congreso.

Entre 2015 y 2021 se presentaba un promedio de 62 proyectos anuales. En 2022 la cifra saltó a 176 (un alza del 184%) y alcanzó su máxima en 2023 con 193 iniciativas. El 51% de toda la agenda legislativa activa hoy se originó apenas en los últimos tres años (2022-2024)", dice el estudio.

Respecto a los proyectos en sí, la información recabada por la fundación revela que "7 de cada 10 proyectos (un 70%), se centran en la categoría de Tribunales de Justicia, orientada casi exclusivamente a crear nuevos delitos, aumentar penas o endurecer medidas cautelares”.

Y que “el 30% de los proyectos busca fortalecer a quienes ejecutan la seguridad”. Por otra parte, el sistema penitenciario recibe un 5% de atención legislativa y el Ministerio Público un 4%.

Respecto a los plazos de tramitación, en promedio una ley de seguridad tarda entre 2,1 y 2,4 años en aprobarse, según la fundación. "Los casos más complejos han llegado a superar los 6 años de tramitación efectividad por origen: Un mensaje enviado por el Presidente tiene un 48% de probabilidad de ser ley.

En cambio, una moción de un Diputado solo tiene un 7% de éxito y una del Senado un 12%", explica el estudio. "Buena parte de la agenda legislativa en seguridad se ha vuelto simbólica.

Muchas iniciativas responden más a la presión mediática que a una evaluación seria de su viabilidad. Esto satura el sistema y desplaza proyectos que sí podrían ser efectivos. Necesitamos menos gestos y más legislación viable que fortalezca de verdad las instituciones", concluye Undurraga.