El año 2026 estará marcado por nuevos ajustes en las tarifas de servicios esenciales como la electricidad, el agua potable y el transporte público, influenciados por factores económicos, regulatorios y decisiones de política pública que impactarán directamente el presupuesto de los hogares.

En el caso de la electricidad, tras el término del congelamiento tarifario, las cuentas ya han acumulado alzas superiores al 70% en algunos segmentos residenciales.

Para el próximo año, el comportamiento del dólar será clave: un tipo de cambio más bajo podría moderar los precios, aunque persiste la incertidumbre por la deuda del Valor Agregado de Distribución (VAD), estimada en cerca de US$800 millones, que podría traspasarse gradualmente a los consumidores. Desde la Comisión Nacional de Energía advierten que la evolución de las tarifas dependerá de variables externas difíciles de anticipar.

Respecto al agua potable, el proceso de revisión quinquenal continuará durante 2026. Empresas sanitarias como Aguas Andinas y Esval aplicarán alzas moderadas, que en algunos casos podrían llegar hasta un 4%, en el marco de decretos tarifarios regulados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Se estima que cerca del 48% de los clientes del país verán ajustes en sus boletas entre 2025 y 2026.

En cuanto al transporte público, el sistema mantiene un desfase tarifario producto del congelamiento aplicado desde 2019, situación que deberá ser abordada por la próxima administración para asegurar su sostenibilidad financiera, sin generar un impacto brusco en los usuarios.

Especialistas coinciden en que 2026 no traerá una baja generalizada en los servicios básicos, sino un escenario de ajustes diferenciados, donde el contexto económico y las decisiones regulatorias serán determinantes para el costo final que enfrentarán las familias.