En medio de la intensa discusión por la denominada “ley de amarre” y con el proceso de transición presidencial en pleno desarrollo, el Gobierno hizo un llamado explícito a los funcionarios públicos de confianza para que agenden y tomen sus días de descanso pendientes antes del próximo 11 de marzo. 

La instrucción fue dada el pasado viernes durante el Consejo de Gabinete, donde el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, instó a los equipos ejecutivos a planificar sus vacaciones entre enero y febrero, dejando claro que no se permitirá que los cargos de confianza prolonguen sus funciones —ni posterguen sus días libres— hasta después del traspaso presidencial. 

Según lo expuesto por Elizalde, la medida forma parte de la coordinación de las tareas de cierre de la actual administración y del normal proceso de transición hacia el Gobierno entrante, que asumirá el 11 de marzo de 2026. En ese contexto, enfatizó que ningún funcionario de confianza puede seguir en su cargo tras esa fecha ni utilizar permisos especiales entre el 1 y el 10 de marzo. 

La decisión se enmarca en medio de la polémica por la “ley de amarre”, un proyecto de reajuste al sector público que ha generado rechazo desde la oposición y parte del oficialismo por su supuesto efecto de atar a los funcionarios al gobierno saliente. La propuesta —que, según sus detractores, dificultaría la salida de trabajadores cuando cambia la administración— ha derivado incluso en amenazas de acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. 

En respuesta, el titular de Interior defendió el enfoque del Ejecutivo, recalcando que solo los cargos de confianza —designados políticamente— cesarán formalmente con el cambio de mando, permitiendo así que las nuevas autoridades conformen sus propios equipos.