El Gobierno ingresó al Congreso el polémico proyecto de reajuste al sector público. Es que la iniciativa -antes de entrar- había sido duramente cuestionada, por el "amarre" anunciado por el Ejecutivo, que dificultaría el despido de miles de funcionarios.

Esto, sobre todo considerando que en marzo llega una nueva administración a La Moneda, que será liderada por el Presidente Electo, José Antonio Kast. La norma quedó, finalmente, dentro del proyecto.

Y si bien el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reconoció que existía la posibilidad de que no se apruebe, indicó de todos modos que es importante que se discuta, en conversación con Tolerancia Cero.

El proyecto de ley otorga un reajuste general de remuneraciones de 2% nominal a contar del 1 de diciembre de 2025 a los trabajadores del sector público. Y, a contar del 1 de junio de 2026 se concede un ajuste general de 1,4%, también nominal.

Los montos

En relación a los costos, el reajuste implicará un gasto de aproximadamente US$1.765 millones, según el informe financiero del proyecto. En concreto, en reajustes de remuneraciones y subvenciones estará el mayor gasto: llegará a los US$926.896 millones ($838.643 millones).

Para los aguinaldos, en tanto -considerando Navidad y Año Nuevo-, están destinados US$5,7 millones ($5.190 millones). Los bonos de escolaridad también implicarán un gasto considerable, aunque muchísimo menor que el de los aguinaldos. Serán para 2026 aproximadamente US$2,2 millones ($1.944 millones).

El bono de vacaciones para el sector activo equivaldrá por su parte a US$3,68 millones ($3.329 millones). Mientras, las alzas en bonos para las remuneraciones mínimas e inferiores llegarán a los US$172,58 millones ($156.097 millones).

El aporte de servicios de bienestar, el bono de invierno para pensionados y los planes de retiro para fomentar el empleo también verán reajustes. Para el próximo año (2027), en tanto, la iniciativa que presentó el Gobierno llega a alrededor de US$1,25 mil millones.

Desde la oposición, pronto comenzaron a llegar críticas. "El ejecutivo pretende atar de manos a la siguiente administración forzando desde ya reasignaciones presupuestarias a un gobierno que ni siquiera ha comenzado y a una ley de presupuestos que tiene menos de una semana de vigencia", comentó el diputado de RN Frank Sauerbaum.

"Sin embargo -agregó- destacamos al menos tres medidas positivas dentro de este proyecto; a saber, la postergación en un año de los reavalúos de bienes inmuebles no agrícolas y agrícolas, la rebaja de contribuciones a las víctimas de terrenos tomados y la necesaria extensión del Fondo de Emergencia por los incendios de Valparaíso, en vista de la nula gestión en reconstrucción por parte de este gobierno".