El Gobierno presentó esta semana ante el Congreso un proyecto de ley que busca reconocer, calificar y reparar a las víctimas de violencia relacionada con el conflicto intercultural y territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. La iniciativa forma parte de las recomendaciones elaboradas por la Comisión para la Paz y el Entendimiento, creada por mandato presidencial para abordar décadas de violencia y tensiones en el sur del país.

A diferencia de lo sugerido en el informe final de esa Comisión, el texto legal no contempla una indemnización económica explícita para las víctimas. Esta ausencia ha generado críticas entre distintos legisladores, que señalan que la “letra chica” del proyecto limita los beneficios a responsabilidades de reparación más amplias, pero sin garantizar compensaciones monetarias directas.

La iniciativa, cuya tramitación comenzó en el Senado, propone establecer mecanismos para reconocer oficialmente a las personas afectadas por hechos violentos, crear una comisión que califique el estado de víctima, y activar programas integrales de atención, apoyo psicosocial y reparación. Además, el proyecto amplía la definición de violencia a aspectos como la violencia institucional y las afectaciones a la libre circulación, educación, economía y vida social, respondiendo a una visión más amplia de los daños sufridos.

Si bien algunos sectores del parlamento respaldan la iniciativa como un avance hacia una política de reparación integral, otros han puesto de manifiesto el escepticismo respecto a su efectividad real, advirtiendo que llegar tan cerca del término del actual gobierno puede dificultar su implementación y ejecución, y que la falta de indemnizaciones explícitas puede dejar sin verdadera justicia a muchas víctimas.

¿Qué sigue?

El proyecto continuará su discusión legislativa en comisiones del Congreso, donde se espera que se definan, modifiquen o amplíen aspectos clave de la propuesta antes de convertirse en ley. Su aprobación será un paso importante en la política pública de reconocimiento y reparación de las consecuencias de la violencia en la Macrozona Sur.