En medio del debate por la inseguridad que afecta al país, la Comisión de Seguridad Pública del Senado concluyó la discusión en particular del proyecto de ley que busca fortalecer el rol preventivo de los municipios en materia de seguridad ciudadana.

La iniciativa, que entrega mayores atribuciones a los guardias municipales y promueve una coordinación más efectiva con Carabineros y la Policía de Investigaciones, fue despachada por la comisión y quedó lista para pasar al análisis de la Comisión de Hacienda.

El texto legal pretende consolidar un nuevo marco normativo que reconozca la función de los municipios como actores activos en la prevención del delito. En la práctica, se modifican los cuerpos legales vigentes para que los equipos municipales puedan realizar patrullajes preventivos, controles de comercio ambulante e incluso colaborar en el cumplimiento de medidas cautelares, como arrestos domiciliarios o prohibiciones de acercamiento en casos de violencia intrafamiliar.

Además, el proyecto crea la figura del Director de Seguridad Municipal, encargado de coordinar el trabajo de los inspectores o guardias de seguridad dependientes del municipio, con el fin de estructurar una labor más profesional y permanente en el ámbito de la prevención del delito.

“La delincuencia ya traspasó los límites municipales”

El senador José Miguel “Pilo” Durana, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, valoró el avance de la iniciativa, subrayando que el fenómeno delictual dejó de ser un problema exclusivo de las policías. “Tenemos un índice de criminalidad y de inseguridad que ya no sólo llega hacia Carabineros, la Policía de Investigaciones o el Ejecutivo, sino que ha traspasado claramente a los ámbitos municipales”, sostuvo el parlamentario, quien insistió en la necesidad de dotar de herramientas concretas a los gobiernos locales para que puedan contribuir activamente en la prevención.

Desde la Región del Biobío, la propuesta ha despertado interés y debate entre los legisladores, conscientes del aumento de delitos violentos y del tráfico de drogas en comunas como Concepción, Talcahuano, Coronel o Los Ángeles.

El senador Enrique Van Rysselberghe (UDI), representante del Biobío, manifestó su respaldo al proyecto, calificándolo como una medida “necesaria y urgente” frente a la crisis de seguridad que viven muchas zonas urbanas del país, especialmente los barrios populares.

“Estimo que esta iniciativa es necesaria para enfrentar la crisis de seguridad que se vive en el país, particularmente en los barrios populares”, señaló el parlamentario. A su juicio, la figura de los inspectores de seguridad municipal permitirá aliviar parte de la carga que hoy enfrentan las policías uniformadas.

“Se necesita una fuerza de seguridad complementaria a Carabineros y que trabaje coordinadamente con ellos, de manera que se pueda enfrentar de mejor forma la inseguridad en las calles”, explicó. Van Rysselberghe agregó que algunos sectores han intentado entrampar el avance del proyecto con reparos técnicos o administrativos, pero enfatizó que “esas dificultades pueden resolverse mediante una buena definición reglamentaria y operativa, y no debieran convertirse en un obstáculo para una ley tan necesaria”.

Desde su perspectiva, los municipios, muchos de los cuales ya cuentan con departamentos de seguridad ciudadana, requieren respaldo legal para actuar con eficacia en los territorios, sin invadir las competencias policiales, pero sí asumiendo tareas de control y prevención. “Los vecinos quieren ver presencia, quieren ver patrullajes, y si eso se hace en coordinación con Carabineros, es un avance enorme en la recuperación de los espacios públicos”, apuntó el senador penquista.

En tanto, el senador Gastón Saavedra (PS), también del Biobío, coincidió en la necesidad de fortalecer las capacidades locales, pero advirtió que este nuevo esquema debe ir acompañado de una clara división de funciones entre las policías y las administraciones comunales.

“En materia de seguridad pública los municipios juegan un rol trascendente. Primero porque conocen el territorio, segundo porque tienen una relación de primer orden con todo lo que es la red social de dirigentes y dirigentas que están en las distintas organizaciones”, afirmó.

El legislador socialista destacó que la proximidad del municipio con la comunidad es una ventaja estratégica. A su juicio, los equipos municipales pueden identificar mejor las zonas de riesgo y anticiparse a situaciones de conflicto o delitos, aplicando una “estrategia situacional” más eficiente. “Esa cercanía permite anticipar hechos que tenemos que disuadir y que ojalá nunca ocurran en nuestras comunas”, explicó.

Saavedra planteó que los municipios deben contar con una estructura propia de seguridad, lo que implicaría avanzar hacia una eventual “policía municipal”, dotada de herramientas y formación específica, pero bajo una lógica de colaboración e interoperabilidad con Carabineros y la PDI. “Es necesario dar pasos sustantivos hacia generar una división de funciones respecto de lo que hace Carabineros y la Policía de Investigaciones y lo que ahora ya debiera llevar a cabo los municipios”, expresó.

Asimismo, el parlamentario sostuvo que la nueva ley permitirá que las policías concentren sus esfuerzos en labores de mayor complejidad. “Ojalá Carabineros se dedique exclusivamente a la función de disuadir y velar por la seguridad pública. El municipio puede asumir tareas administrativas, de tránsito y de control comunitario”, enfatizó.

Coordinación intercomunal y apoyo a las policías

Uno de los aspectos innovadores de la iniciativa es la posibilidad de que los patrullajes preventivos sean intercomunales, es decir, que los inspectores de seguridad puedan traspasar los límites territoriales de su comuna cuando participen en operativos conjuntos o en persecución de personas sorprendidas en delito flagrante.

En esos casos, la ley establece que la actuación municipal sólo podrá efectuarse para practicar la detención o prestar auxilio inmediato, debiendo informar de forma inmediata a Carabineros de Chile. Con esto, se busca garantizar que la función preventiva municipal complemente, y no sustituya, el trabajo policial.