Una reciente sentencia del Juzgado de Familia de Los Ángeles marcó un precedente en materia de protección de niños, niñas y adolescentes frente al acoso escolar, al acoger la acción presentada en favor de un estudiante neurodivergente que sufrió reiteradas agresiones físicas y psicológicas por parte de sus compañeros.

De acuerdo con los antecedentes, el tribunal acreditó que el establecimiento educacional no adoptó medidas eficaces para resguardar al menor, vulnerando su derecho a la integridad física y psíquica, así como su derecho a recibir una educación segura, inclusiva y libre de discriminación.

La causa fue impulsada por el Estudio Jurídico Díaz y Arismendi, desde donde destacaron la relevancia de esta resolución, que fortalece la responsabilidad de los colegios en la prevención y abordaje del acoso escolar, especialmente cuando se trata de estudiantes con necesidades específicas de apoyo.

Medidas concretas de protección

En su fallo, el tribunal ordenó al establecimiento contratar una tutora espejo, profesional que deberá acompañar al estudiante durante toda su jornada escolar. Entre sus funciones se contemplan:

• Salvaguardar la integridad física y emocional del menor.

• Brindar contención permanente durante su permanencia en el establecimiento.

• Supervisar su entorno escolar y la interacción con sus pares.

• Prevenir y detectar oportunamente nuevas situaciones de acoso.

Esta medida busca garantizar una protección real y efectiva, considerando la especial vulnerabilidad de estudiantes neurodivergentes frente a situaciones de violencia escolar.

Llamado a reforzar protocolos

Desde el ámbito jurídico, se enfatizó que esta sentencia refuerza la obligación de los establecimientos educacionales de contar con protocolos eficaces de prevención, intervención y acompañamiento, asegurando entornos inclusivos y seguros para todos los estudiantes.

Asimismo, expertos en educación inclusiva señalaron que el fallo podría servir de referencia para futuras acciones judiciales, promoviendo estándares más exigentes en materia de convivencia escolar y respeto por la diversidad.

El caso genera un nuevo debate en la comunidad educativa y jurídica de la provincia de Biobío, en torno a la necesidad de fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes, garantizando su bienestar y desarrollo en ambientes libres de violencia.