A pocas semanas del cambio de mando presidencial, se intensificó la controversia política por los denominados “amarres” en cargos públicos que estaría realizando el gobierno del presidente Gabriel Boric, lo que ha generado críticas desde la oposición y el equipo del mandatario electo José Antonio Kast.

Según información difundida en el ámbito político, se han abierto concursos públicos y designaciones en diversas reparticiones del Estado durante las últimas semanas, con el objetivo de completar cargos directivos y jefaturas antes del traspaso de mando previsto para el 11 de marzo. Desde la oposición, estos procesos han sido cuestionados, señalando que podrían afectar la gestión del futuro gobierno.

Parlamentarios y dirigentes del bloque que asumirá el Ejecutivo han solicitado que se justifique técnica y administrativamente cada una de estas decisiones. Asimismo, han advertido que los concursos que se resuelvan en este período podrían ser revisados o eventualmente anulados por la nueva administración.

El debate también se ha extendido a otros ámbitos, como nombramientos en subsecretarías y jefaturas de departamentos estratégicos, generando tensiones políticas en el marco del proceso de transición.

Desde el gobierno actual han defendido que los procesos se ajustan a la normativa vigente y forman parte del funcionamiento regular de la administración pública, especialmente cuando se trata de concursos abiertos y mecanismos de Alta Dirección Pública. Además, han recalcado que los cargos de confianza dejan sus funciones al término del mandato presidencial.

En este contexto, la discusión por los “amarres” se ha instalado como uno de los temas centrales del cierre de la administración de Boric, marcando el clima político previo al cambio de gobierno y anticipando un eventual escenario de revisión de nombramientos en los primeros meses de la nueva gestión.

Cabe recordar que en las últimas semanas también se han presentado denuncias y oficios en el Congreso para fiscalizar eventuales contrataciones de última hora en organismos del Estado, lo que refleja la creciente tensión entre el Ejecutivo saliente y el entrante.