La Contraloría General de la República (CGR) informó este lunes que 910 funcionarios públicos y municipales realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos de juego por un monto total de $11.490.456.871, pese a encontrarse legalmente con prohibición de efectuar apuestas.

El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°20 del organismo dio cuenta de que los funcionarios pertenecen a 371 entidades del Estado y los hechos ocurrieron entre enero 2024 y junio de 2025.

Esto se reveló mediante el cruce de información entre el registro de funcionarios que administran o custodian fondos públicos -y que por ello deben rendir caución- y los antecedentes de clientes que realizaron operaciones en casinos de juego, proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

Según el CIC N° 20, de los 910 funcionarios, 181 administran fondos públicos y concentran el 96,8% del monto transaccionado, es decir, $11.118.431.956.

En esa línea, se estableció que en estos casos, las sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones. Cabe señalar que el artículo 10 de la Ley N° 19.995, estos funcionarios tienen prohibido efectuar cualquier tipo de apuesta en casinos. Además, la Contraloría precisó que podrían haber eventuales deficiencias en la información proporcionada por operadores de casinos.

Funcionarios y servicios con mayores montos transados

El informe elaborado por el órgano fiscalizador identificó a diversos servicios públicos y municipalidades cuyos funcionarios concentran los mayores montos apostados.

Según se detalló, estos pertenecen a instituciones como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Tesorería General de la República, Policía de Investigaciones, municipalidades y otros organismos del Estado, con cifras individuales que incluso superan los $1.000 millones en algunos casos.

En total, los 20 mayores montos transados alcanzan más de $5.392 millones, correspondientes a funcionarios que desempeñaban cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos.

Ante los hechos, la Contraloría remitirá a la Superintendencia de Casinos de Juego el listado de los 910 funcionarios involucrados, para que ejerza sus facultades de fiscalización, investigación e instruya los procedimientos sancionatorios que correspondan. La CGR también enviará los antecedentes a los respectivos servicios públicos y municipalidades, "a fin de que inicien los procedimientos disciplinarios y determinen eventuales responsabilidades administrativas".

Además, los 181 casos de quienes administran fondos públicos serán remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).