Un avance clave en la modernización del Estado se concretó luego de que la Contraloría General de la República diera luz verde a una nueva política que obliga a los organismos públicos a utilizar información territorial estandarizada para la toma de decisiones.

La medida corresponde a la Política de Gestión de la Información Territorial Geoespacial, iniciativa que busca terminar con la fragmentación de datos que actualmente existe entre distintas instituciones del Estado.

En la práctica, esta normativa apunta a que ministerios, servicios públicos y gobiernos regionales trabajen sobre una base común de información geográfica, evitando duplicidades, inconsistencias o el uso de datos desactualizados.

Uno de los principales objetivos es que el Estado deje de operar con múltiples versiones de una misma realidad territorial, lo que hasta ahora dificultaba la coordinación interinstitucional y la planificación de políticas públicas.

La política establece lineamientos obligatorios para ordenar la forma en que se producen, almacenan, actualizan y comparten los datos geoespaciales, promoviendo estándares comunes y acceso compartido entre organismos.

Desde el Ejecutivo destacaron que contar con información territorial confiable y actualizada será fundamental para enfrentar desafíos como el crecimiento urbano, la gestión de recursos naturales y la respuesta ante emergencias, permitiendo decisiones basadas en evidencia.

Si bien Chile ya contaba con herramientas como el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y la Infraestructura de Datos Espaciales, hasta ahora no existía una política obligatoria que unificara criterios para todo el aparato estatal, vacío que busca resolver esta nueva normativa.

Con esta medida, el Gobierno apunta a mejorar la eficiencia, coordinación y calidad de las políticas públicas, avanzando hacia un Estado más moderno, integrado y orientado a la toma de decisiones informadas.