Casi 30 mil funcionarios públicos del Gobierno Central se encuentran involucrados en procedimientos disciplinarios por mal uso de licencias médicas, de acuerdo con el séptimo informe consolidado publicado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), elaborado a partir de los antecedentes levantados por la Contraloría General de la República.

El reporte se enmarca en el escándalo generado por el informe Contraloría difundidos el 20 de mayo del año pasado, los cuales revelan viajes, salidas y actividades incompatibles con períodos de reposo médico entre 2023 y 2024, provocando una fuerte polémica y gatillando un debate por la necesidad de avanzar en una reforma al empleo público.

Según el documento, las instituciones del Gobierno Central reportaron 40.629 licencias médicas presuntamente incumplidas, asociadas a 29.270 funcionarios.

De ese total, 23.745 continúan en funciones, mientras que 5.525 ya no se encuentran trabajando en el servicio, por diversas razones y su salida pudo haber ocurrido antes del informe de Contraloría. No obstante, pese a haber dejado sus cargos, 2.947 exfuncionarios continúan siendo objeto de sumarios administrativos, lo que eleva a 26.692 los casos que deben ser investigados formalmente.

Estado actual

Del total de funcionarios a investigar, 25.352 sumarios administrativos ya han sido instruidos. De ellos, 21.098 se mantienen en curso, mientras que 4.254 casos cuentan con resolución del jefe superior del servicio.

En 2.711 casos, las resoluciones se encuentran pendientes de ejecución o de cierre formal, ya sea por recursos presentados por los propios funcionarios u otras instancias administrativas. Así, según lo informado por la Dipres, 1.543 procesos ya se encuentran completamente cerrados, con resolución ejecutoriada.

De estos, 577 funcionarios fueron absueltos o sobreseídos, por lo que el proceso se cerró sin sanción; 262 fueron destituidos, equivalente al 17% de los proceso cerrados y solo al 1% de los poco más de 25 mil funcionarios cuyas investigaciones iniciaron.

Además, 584 cerraron su proceso con la medida disciplinaria de censura; 65 recibieron la sanción de suspensión del empleo; y a 55 funcionarios se les aplicó la medida disciplinaria de multa. Los casos cerrados sin sanción se explican por distintos motivos que deben ser acreditados durante la etapa investigativa, situaciones que además cuentan con la revisión de la Contraloría General de la República para su toma de razón.

Costos

El informe también entrega una estimación del impacto fiscal asociado a estos casos. La duración promedio de las licencias involucradas fue de 22,1 días y, considerando una remuneración bruta mensual promedio de $1,9 millones, se calcula que los funcionarios investigados recibieron $36.876 millones en pagos durante períodos de ausencia.

En paralelo, 1.009 funcionarios presentaron su renuncia antes de que se iniciara un procedimiento disciplinario en su contra. Al desglosar los casos, según los Informes Consolidados de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría, 33% corresponde a salidas del país, 1% a atención de partos, 5% a emisores investigados penalmente, 5% a salidas del país en Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, 21% a asistencia a casinos de juego y 35% a salidas del país en servicios regionales.

Además, antes de que la Contraloría hiciera públicos los viajes de funcionarios fuera del país mientras se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024, ya existían 5.182 funcionarios sumariados por mal uso de licencias médicas. Del total de involucrados en estos casos, 4.061 corresponden a funcionarios que ingresaron al servicio a partir del 11 de marzo de 2022, frente a 23.667 funcionarios que ingresaron en administraciones previas.