Dentro del paquete de cerca de 80 páginas de indicaciones que el Ejecutivo ingresó a la megarreforma, hay una norma que ya se interpreta como un gesto hacia los sectores opositores con los que se busca dialogar para sacar adelante el proyecto: un nuevo artículo 34 transitorio que abre la posibilidad de condonar parcial o totalmente ciertas deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE). 

La indicación faculta a la Tesorería General de la República (TGR) para otorgar facilidades de pago respecto de los créditos para estudios de educación superior regulados por la Ley N° 20.027 —aquella que norma el CAE que el gobierno de Gabriel Boric intentó, sin éxito, reemplazar— en los casos en que la garantía estatal haya sido ejecutada total o parcialmente.

Cómo operaría el mecanismo

La TGR podrá suscribir convenios especiales de pago que comenzarán una vez que el deudor abone un pie inicial, con un máximo de 48 cuotas mensuales y sucesivas. La entidad recaudadora definirá los tipos de convenios, montos mínimos del pie y número de cuotas considerando criterios objetivos como el monto adeudado y el nivel de ingresos del deudor, con el fin de premiar el cumplimiento oportuno. 

Al firmarse el convenio, el saldo expresado en UTM se convertirá a pesos y quedará fijo durante toda la vigencia, sin reajustes ni intereses.

Una vez vencido el plazo o pagada la última cuota, si quedara un remanente, la TGR podrá extinguirlo según tres tramos:

• 100% del saldo, para quienes cumplieron íntegra y oportunamente todas las cuotas.
• 90%, para deudores con incumplimientos calificados como de "menor entidad".
• 70%, para el resto de los casos de incumplimiento, previa calificación fundada.

La facultad para suscribir estos convenios estará vigente solo por 90 días corridos desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, en caso de aprobarse, y se acotaría a los actuales 556.000 deudores que mantienen obligaciones con Tesorería. 

Lectura política y económica

Para el economista y académico de la U. Central Francisco Castañeda, la norma traslada al CAE la lógica de cobranza tributaria y de regularización amplia de deudas. "Se crea un mecanismo formal y masivo de repactación vía TGR, lo cual es nuevo", señaló, agregando que antes existían herramientas más dispersas como retención de devoluciones de impuestos o judicialización.

Castañeda también lee un reconocimiento implícito: gran parte del CAE es difícil de cobrar íntegramente, y el Estado parece asumir que perseguir eternamente toda la deuda no es eficiente. La contracara, advierte, es que quienes ya pagaron completa su deuda podrían sentir la medida como injusta.

Por su parte, el exsubsecretario de Educación Superior del gobierno de Boric, Víctor Orellana, leyó la indicación en clave política: el Ejecutivo "se dio cuenta que sin algún grado de condonación es imposible avanzar en el tema del CAE" y estaría usando este giro como táctica legislativa para forzar a la oposición a aprobar la idea de legislar. A su juicio, lo de fondo es que se confiesa que el CAE debe ser reemplazado por un nuevo instrumento.

El antecedente del FES

Esta discusión sobre la parcialidad del beneficio ya había sido enfrentada por el gobierno anterior con el proyecto del Financiamiento de Educación Superior (FES), que incluyó una rebaja del Impuesto Global Complementario para quienes ya habían saldado su CAE: 4 UF anuales para egresados y 6 UF anuales para desertores, por 20 años, como forma de equiparar condiciones frente a quienes accedieran a la condonación.