El 16 de abril el gobierno del Presidente José Antonio Kast concretó el primer operativo de expulsión masiva de migrantes, cuando 40 extranjeros con órdenes administrativas y judiciales pendientes fueron sacados del país en una operación coordinada entre la Subsecretaría del Interior, el Servicio de Migraciones, la PDI, Gendarmería y la Fuerza Aérea. Fue el inicio visible de una política que el oficialismo prometió sostener sin pausa.

Según los registros de la PDI, entre el 11 de marzo y el 18 de mayo de 2026, un total de 395 personas con orden de expulsión dejaron el territorio nacional. De ese total, 279 —el 70,6%— correspondieron a expulsiones forzadas, coordinadas y ejecutadas directamente por el Ejecutivo. Las otras 116 personas tenían orden vigente, pero se presentaron de manera voluntaria ante las autoridades y salieron por sus propios medios, quedando con prohibición de reingreso.

"Aquí no hay ninguna metáfora. El objetivo es claro. Nosotros tenemos que ordenar la casa y vamos a ejecutar todas las expulsiones que podamos. Sin parar."— Máximo Pavez, subsecretario del Interior

Al comparar los datos con un período similar de los primeros meses del gobierno anterior —del 11 de marzo al 6 de mayo de 2022— se evidencia que la administración actual ha aumentado las expulsiones forzadas en un 40%: Boric expulsó a 199 migrantes en ese lapso. Hay que considerar, eso sí, que en 2022 la normativa exigía notificar personalmente al sujeto en dos ocasiones, mientras que hoy basta con hacerlo por correo o carta certificada.

La polémica de los números "inflados"

Desde la oposición se ha cuestionado que el gobierno incluya en sus balances públicos tanto las expulsiones forzadas como las salidas voluntarias con orden pendiente, lo que inflaría artificialmente las cifras. La Moneda ha reconocido que su registro abarca ambos tipos de casos, argumentando que "lo importante es que salgan", independientemente de si el Estado tuvo que ejecutar la operación o si el migrante se presentó por cuenta propia.

Cómo salieron: vuelos y paso terrestre

De las 279 expulsiones forzadas, 169 se realizaron en vuelos comerciales, 80 en aviones de la Fuerza Aérea y 30 por vía terrestre. Las salidas voluntarias con orden se concentraron principalmente en el aeropuerto Arturo Merino Benítez (106 casos), con algunos casos en Antofagasta, Colchane y Chacalluta.

Los tres frentes que el gobierno debe despejar

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, identificó tres condiciones que el gobierno debe resolver para acelerar las expulsiones. Primero, retomar relaciones diplomáticas con Venezuela: más del 60% de las órdenes de expulsión dictadas en la última década apuntan a ciudadanos venezolanos, pero sin acuerdo bilateral no pueden ser deportados a su país.

Segundo, la aprobación de la indicación que permitiría solicitar información a centros de salud y colegios para localizar a migrantes en situación irregular. Tercero, más recursos: cada expulsión tiene un costo promedio de 2.956.000 pesos y el volumen de órdenes pendientes de ejecución bordea las 80.000.

En paralelo, el director del Sernamig, Frank Sauerbaum, informó que desde el 11 de marzo se han realizado más de 15.000 fiscalizaciones, se detectaron 7.558 personas en situación irregular y se emitieron 4.107 nuevos decretos de expulsión. Con las deportaciones previstas al cierre de esta edición, el total de expulsados durante 2026 llegaría a 700.