Una preocupante cifra encendió las alarmas en materia de seguridad pública este fin de semana. De acuerdo a datos entregados por la Fiscalía Nacional, un promedio de 1.700 adolescentes al año han sido imputados por robos violentos en Chile desde el año 2020, una tendencia que se ha mantenido medianamente estable durante el último quinquenio, pero que muestra un alza significativa en su tramo más reciente.

Los registros oficiales indican que en 2020 fueron 1.722 los menores de edad que enfrentaron cargos por este tipo de ilícitos, cifra que el año pasado escaló hasta los 2.042 imputados, evidenciando un incremento que preocupa tanto a autoridades como a especialistas.

El debate se reactivó tras el violento asalto sufrido la noche del jueves por el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en su domicilio particular. Los detenidos por este "turbazo" fueron formalizados ayer, hecho que volvió a poner sobre la mesa el rol que cumplen los menores de edad en delitos cometidos con altos niveles de violencia.

Frente a este escenario, la exdirectora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Rosario Martínez, llamó a no abordar el problema únicamente desde el ámbito punitivo. La especialista advirtió que la participación de adolescentes en delitos violentos no ha desaparecido y que tampoco puede enfrentarse exclusivamente desde una lógica penal, abriendo el debate sobre la necesidad de políticas integrales de prevención e intervención social.

Expertos consultados coinciden en que el nivel de violencia registrado en los hechos con participación de menores de edad exige una mirada más amplia, que combine el trabajo policial con estrategias educativas, familiares y comunitarias.