Tras el fallo del Tribunal Constitucional que declaró cuatro artículos del proyecto Escuelas Protegidas como inconstitucionales, desde la oposición celebraron la medida y llamaron al Gobierno a reflexionar sobre su agenda "ideológica" en materia de educación.

En concreto, el TC declaró inconstitucionales cuatro artículos de la iniciativa impulsada desde el Gobierno: la facultad policial para revisar vestimentas y mochilas de estudiantes en colegios sin orden de un fiscal, la prohibición de vestimentas con apología a la violencia, sanciones para quienes interrumpan las clases, y la pérdida de gratuidad universitaria para aquellos condenados por violencia.

Al respecto, esta mañana la ministra de Educación, María Paz Arzola, mencionó en Radio Infinita que pese al traspié del TC "nuestro objetivo sigue siendo el mismo que es avanzar en la protección, en la seguridad en las escuelas, en poder entregar herramientas a los colegios para que puedan prevenir también hechos que escapan de sus posibilidades resolver".

En ese sentido, destacó que ya hay avances "asegurados", por lo que "de todas maneras estamos más adelante de lo que estábamos antes de esta ley, y aquellas materias que se han objetado vamos a ver cómo avanzar una vez que estén los fundamentos". Desde la oposición han valorado la decisión del TC.

La diputada Daniela Serrano, jefa de bancada del PC e integrante de la comisión de Educación, mencionó que "esto es un antecedente que le hacemos ver al Gobierno, no solamente en materia de educación.

Piénsenla dos veces cuando estemos discutiendo el Registro Nacional de Vándalos, porque van a declararle inconstitucional la pérdida de la PGU y la pérdida de la gratuidad. Piénsenlo en la modificación del SAE a propósito de los mecanismos de priorización a aquellos estudiantes que no estarían condenados por temas de convivencia educativa".

"En estos momentos hay un grave error por parte del Gobierno, está ingresando normas inconstitucionales al Congreso Nacional, y como se han aprovechado de la mayoría relativa que tienen, lamentablemente, en estos momentos desde el tribunal les están dando un portazo", cerró.

El diputado Marcos Barraza (PC) afirmó que "el fallo del Tribunal Constitucional confirma lo que advertimos desde el inicio: la seguridad escolar no puede construirse vulnerando derechos fundamentales. Se declararon inconstitucionales normas que permitían revisar pertenencias de estudiantes sin las debidas garantías, excluir a jóvenes del sistema de admisión y restringir el acceso a la gratuidad".

"La convivencia escolar requiere respuestas serias, pero criminalizar a estudiantes no fortalece la escuela ni mejora la seguridad. Las familias necesitan soluciones eficaces, no proyectos que terminan siendo corregidos por el propio Tribunal Constitucional", cerró.

Asimismo, el diputado Luis Cuello (PC) calificó como "muy buena noticia" la decisión del TC y señaló que "no será ley la revisión de las mochilas por parte de Carabineros, la prohibición de usar ciertas vestimentas o accesorios, la suspensión de actividades o de clases por parte de los estudiantes, lo que afecta su derecho a movilizarse, y tampoco será ley la sanción de la pérdida de la gratuidad, es decir, perder un derecho social, lo que claramente es algo clasista".

"Estamos muy satisfechos porque a partir del requerimiento que hemos presentado desde la Cámara de Diputadas y Diputados se le ha puesto freno a una ley que tiene una inspiración autoritaria y se ha defendido el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos", valoró Cuello.

Por su parte, el diputado Juan Santana (PS) sostuvo que "lo advirtieron especialistas y académicos, investigadores en materia de educación. Se les señaló que un proyecto de estas características no iba a resolver los problemas en materia de violencia (...) nos parece impresentable que esta agenda punitivista por parte del Ministerio de Educación, que no resuelve en lo absoluto los problemas relacionados con el aula, con los establecimientos educacionales, siga caminando durante todo este tiempo".

"Hoy día, cuando se presenta una modificación al Sistema de Admisión Escolar, lo que le queremos decir al gobierno es que, por favor, detenga esta agenda, que no resuelven nada los problemas educacionales, y que, además, el Tribunal Constitucional le ha señalado, vulnera principios constitucionales fundamentales, como el derecho a la educación, a la privacidad y a la honra de cada estudiante de nuestro país", defendió el parlamentario socialista.

En tanto la diputada Emilia Schneider (FA) mencionó que "quien sale perdiendo son las escuelas, los liceos, los colegios de nuestro país, las comunidades educativas, que requieren una respuesta en serio para combatir sus problemas y sus necesidades".

"La ministra no quiso escuchar, nos dio un portazo, y quedó en evidencia que, tal como señalamos, este proyecto es un retroceso y una pérdida de derechos para niños, niñas y sus familias, para las y los estudiantes. Así que el llamado que hacemos a la ministra es a recapacitar, a terminar con este extremismo ideológico, y, de una vez por todas, ponernos a trabajar por Chile", afirmó la diputada.

Su compañero de partido, el diputado Gonzalo Winter (FA), publicó en X que "prefirieron la estridencia, el enunciado duro y el titular fácil antes que presentar un proyecto viable. Duró menos que la polémica que intentaron instalar". "Tuvieron que esperar que el TC les recordara los límites de la Constitución, cuando pudieron haber participado de un debate serio y construir una legislación útil para las comunidades educativas", aseveró.

Asimismo, el diputado Héctor Barría (DC) sostuvo que "hacemos un llamado al Ministerio de Educación a que hagan cambios de sus equipos, no de la ministra ni de los subsecretarios, pero creo que detrás de los ministerios hay asesores que actúan totalmente ideologizados, que no quieren escuchar a los expertos, que no quieren escuchar a otras voces, que quieren sacar las cosas a la rápida".

El diputado José Montalva (PPD) señaló que "siempre lo dijimos. Estamos de acuerdo con el fondo de este proyecto, más disciplina, orden y, sobre todo, seguridad en los establecimientos escolares. Pero eso no significa que legislemos mal. Nosotros lo dijimos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, este proyecto debía verse en particular porque había preceptos que podían reñirse con la Constitución, y eso iba a afectar a la comunidad educativa a la hora de llevar a ejecutar esta norma".

El senador Esteban Velásquez (FRVS) mencionó que "en lo personal, como profesor, me parece bien que cada uno esté dentro de su competencia. Cuando hay un delito grave, las instancias actuarán en los lugares donde corresponda. Por ahora, el Tribunal Constitucional ha obrado de manera equilibrada, lo que valoramos".

UDI: "No lo compartimos"

El diputado Ricardo Neumann (UDI) mencionó que "respetamos el fallo del Tribunal Constitucional, pero no lo compartimos. El TC puede haber declarado inconstitucional una fórmula para abordar un problema, pero no declaró inexistente el problema, que es justamente la escalada de violencia e inseguridad nuestros colegios. Las familias en Chile siguen clamando por protección en espacios que deben ser de aprendizaje y no de violencia, y las garantías constitucionales no pueden convertirse en una excusa para proteger más a victimarios que a las víctimas de esa inseguridad".

"Estudiaremos los fundamentos del fallo y, si es necesario, impulsaremos una reforma constitucional que, respetando la institucionalidad vigente, permita darle protección efectiva a la gran mayoría de estudiantes que quieren que su colegio sea para estudiar y no para delinquir", señaló.

Asimismo, el senador Gustavo Sanhueza (UDI), quien preside la comisión de Educación del Senado, mencionó que "hay que valorar el fallo en la medida de ver el vaso medio lleno, porque lo que entregaba este proyecto de ley eran herramientas a las comunidades escolares para hacer efectiva la revisión de mochilas y creo que eso es el eje fundamental del proyecto, lo que fue ratificado en el TC".

"El Tribunal desechó algunas sanciones solamente, que habría que revisar en profundidad cuando el fallo ya esté redactado para poder medir cuales fueron los fundamentos por el cual se tomó esa determinación (...) y ratificó el proyecto es sus ejes fundamentales que es que la comunidad escolar en conjunto pueda desarrollar protocolos que permita revisión de mochilas y bolsillos para evitar delitos a futuro", cerró Sanhueza.