El sector energético ha manifestado su conformidad con el proyecto de ley bautizado como "Ordenemos la Cuenta", ingresado recientemente por el Ejecutivo con el objetivo de contener el alza en las tarifas eléctricas, extender el subsidio para familias vulnerables durante 2027 y saldar la deuda de arrastre que el país mantiene con las distribuidoras.

Representantes de los gremios de la generación, transmisión y distribución coincidieron en que la iniciativa responde a una urgencia largamente esperada por la industria. Según fuentes del sector, el proyecto es visto como un paso necesario no solo para poner al día los compromisos financieros, sino también para abrir la puerta a una discusión más profunda sobre una agenda estructural en materia eléctrica.

Los ejes del proyecto

La propuesta gubernamental se estructura en tres pilares fundamentales:

1. Saldar la deuda: Se establece una fórmula para cancelar los montos pendientes con las empresas distribuidoras, utilizando como base una baja en las tarifas eléctricas proyectada para enero de 2028.

2. Protección social: Extensión del subsidio eléctrico vigente durante todo el año 2027 para los hogares más vulnerables, buscando mitigar el impacto de las alzas en los presupuestos familiares.

3. Modernización y orden: El proyecto incluye la regularización de los procesos de fijación de tarifas de transmisión y plantea la posibilidad de abrir voluntariamente los contratos eléctricos.

La postura de los gremios

Si bien la recepción general ha sido positiva, las empresas distribuidoras han sido cautas. Aunque valoran la intención del Gobierno de resolver un problema que se ha arrastrado por años, desde el segmento de distribución señalaron que "el proyecto tiene aspectos que deben ser perfeccionados", sugiriendo que la discusión en el Congreso será clave para ajustar detalles técnicos de la implementación.

Por su parte, el Ejecutivo ha puesto una meta ambiciosa para la tramitación de esta ley. La ministra de Energía, Ximena Rincón, ha expresado su confianza en que el proyecto pueda ser aprobado y convertido en ley a más tardar durante el mes de julio.

La iniciativa se presenta en un momento crítico, donde la necesidad de otorgar certezas al mercado y aliviar el gasto de los consumidores finales se ha vuelto una prioridad tanto para la autoridad como para los actores privados del sector.