A más de un año de que estallara el conflicto entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la constructora española OHLA, la situación de la Red Hospitalaria del Biobío continúa en un estado crítico. A pesar de los intentos previos por destrabar el proyecto, el esperado acuerdo definitivo sigue sin materializarse, manteniendo las obras en un preocupante nivel de rezago.

Los cuatro recintos hospitalarios involucrados —Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota—, que originalmente debían entrar en operación entre 2026 y 2027, hoy presentan avances físicos mínimos, con porcentajes que oscilan apenas entre el 4% y el 18%. Esta lentitud contrasta drásticamente con los cronogramas originales, generando una creciente inquietud en las comunidades locales que esperan estos centros de salud.

Un conflicto de larga data El conflicto tomó relevancia pública a finales de 2025, cuando se denunció la virtual paralización de las faenas. Si bien en diciembre del año pasado la administración anterior del MOP anunció un preacuerdo con la concesionaria para retomar la normalidad, el proceso se encuentra actualmente bajo revisión por parte de las autoridades ministeriales.

Durante las recientes sesiones en la Comisión de Obras Públicas y Salud de la Cámara de Diputados, se confirmó que el supuesto acuerdo no ha sido cerrado formalmente. Ante esto, el MOP ha manifestado que se encuentra analizando los pasos administrativos a seguir para garantizar la continuidad de los trabajos.

La posición del Gobierno y la empresa Desde la cartera de Obras Públicas, se ha reiterado el compromiso de entregar certeza a la Región del Biobío, señalando que las conversaciones se mantienen activas para que la construcción de los cuatro hospitales avance de forma regular. Por su parte, la empresa OHLA, a través de sus representantes, ha sostenido en reiteradas ocasiones que no ha abandonado el proyecto y que las obras han continuado en la medida de lo posible.

Este escenario mantiene en vilo a las autoridades regionales y a los usuarios del sistema de salud, quienes ven cómo el proyecto de concesiones —que prometía una infraestructura moderna para 414 mil personas— sigue atrapado en una compleja disputa técnica y contractual sin una resolución definitiva a la vista.