La diputada Joanna Pérez, junto al presidente de la Asociación de Municipios Cordilleranos, Pablo Urrutia, informaron avances tras una reunión con el Ministerio de Vivienda para abordar la crítica situación de más de 200 familias de Quilleco, cuyas viviendas permanecen paralizadas debido a un litigio con la empresa a cargo del proyecto.

La parlamentaria destacó que esta problemática no es reciente, sino que ha sido levantada de manera reiterada durante  mucho rato en el gobierno pasado y que  en febrero envió un oficio manifestando su preocupación por la situación que afecta a las familias de los comités San Lorencito y Unión y Esperanza con la esperanza que este gobierno ya autoridades electas una vez asumidas también pudieran dar un golpe de timón.

“Estamos hablando de una situación que se arrastra hace más de un año y medio, donde las obras fueron paralizadas tras el término anticipado del contrato con la empresa, lo que derivó en un proceso judicial. Desde entonces, las viviendas ya con más de un 60 % de avance como proyecto, han quedado en deterioro, mientras las familias siguen esperando, muchas de ellas pagando arriendo o viviendo como allegadas”, señaló.

En esa línea, explicó que desde entonces ha solicitado medidas concretas para enfrentar la emergencia habitacional, como la implementación de subsidios de arriendo transitorios. “Hemos insistido en la necesidad de apoyar a las familias mientras se resuelve este conflicto, porque no pueden seguir esperando sin una respuesta del Estado”, agregó.

Tras la reunión con el Ministerio de Vivienda, Pérez valoró los compromisos adoptados por el Ejecutivo. “El ministro se comprometió a visitar el terreno y a evaluar distintas alternativas para destrabar el proyecto, incluyendo que el Estado pueda asumir un rol activo como entidad patrocinante”, indicó.

Asimismo, subrayó la urgencia de retomar las obras, considerando el alto nivel de avance del proyecto. “Se trata de viviendas que tienen más de un 65% de ejecución, por lo que es fundamental agilizar las soluciones y dar una respuesta concreta a estas más de 200 familias que llevan años esperando”, afirmó.

Finalmente, las autoridades coincidieron en la importancia de mantener el trabajo coordinado para acelerar las soluciones y avanzar en la reactivación del proyecto habitacional en la provincia del Biobío.