Duras críticas hacia el actuar del Servicio Electoral de Chile (Servel), apuntando a un “excesivo formalismo” en la revisión de las rendiciones de gastos de campaña, lo que estaría dificultando el acceso al reembolso público para diversas candidaturas, fueron dados a conocer.

Según el análisis, el organismo encargado de fiscalizar los procesos electorales mantiene criterios estrictos en la revisión contable, lo que se traduce en observaciones, rechazos parciales o totales de gastos, incluso por detalles administrativos o falta de respaldo documental considerado suficiente.

Esta situación impacta directamente en los montos que el Estado devuelve a los candidatos tras las elecciones.

El sistema chileno contempla que los postulantes puedan recuperar parte de lo invertido en sus campañas mediante un reembolso por voto obtenido. Sin embargo, este beneficio no es automático y depende de que la cuenta de ingresos y gastos sea aprobada por el Servel y cumpla estrictamente con los requisitos legales y contables.

En ese contexto, actores políticos han manifestado que la rigidez en la interpretación de las normas puede terminar perjudicando a candidaturas, especialmente aquellas con menor estructura técnica o asesoría, ya que pequeños errores formales pueden derivar en la pérdida de recursos relevantes para financiar sus campañas.

Desde el organismo, en tanto, se ha defendido la rigurosidad del proceso, señalando que la fiscalización estricta busca asegurar la transparencia, la trazabilidad de los recursos y evitar irregularidades en el financiamiento electoral.

El debate se instala en medio del cierre de los procesos de rendición de las elecciones recientes, donde el Servel debe aprobar o rechazar las cuentas presentadas, decisión que finalmente determina si los candidatos acceden o no al reembolso estatal correspondiente.

De esta forma, el reportaje abre una discusión sobre el equilibrio entre control y acceso equitativo a financiamiento público, en un sistema que busca garantizar transparencia, pero que hoy enfrenta cuestionamientos por su nivel de exigencia administrativa.