La Contraloría Regional del Biobío emitió un pronunciamiento en el que valida la legalidad de las decisiones administrativas adoptadas por el Servicio de Salud Biobío (SSBB) entre los años 2023 y 2026, descartando irregularidades en la estructura organizacional y en los procesos de designación de personal.

Según el dictamen, la creación de unidades como la División de Procesos Clínicos Integrados, el Departamento de Gestión Pública y el Departamento de Emergencias y Desastres se realizó conforme a la normativa vigente y dentro de las atribuciones del director del servicio.

Asimismo, el organismo contralor estableció que las designaciones “a contrata” corresponden a cargos de confianza, por lo que no requieren concurso público, y que los ajustes en grados remuneratorios estuvieron debidamente fundamentados, sin evidencias de discriminación.

No obstante, el escenario se tensiona por la presentación de denuncias administrativas y penales vinculadas a la eventual filtración de información sensible de funcionarios del sistema de salud. Los antecedentes apuntan a la difusión de un documento que contendría datos laborales y financieros de más de 80 trabajadores, incluyendo liquidaciones de sueldo y registros internos, los cuales habrían sido compartidos con terceros y difundidos mediante plataformas de mensajería.

Estos hechos están siendo analizados como una posible vulneración al deber de reserva de la función pública y un eventual uso indebido de información confidencial. La situación ha generado preocupación debido al impacto en la vida privada de los funcionarios afectados, especialmente en casos donde se habrían expuesto datos personales como domicilios, lo que podría implicar riesgos para su seguridad y la de sus familias.

En ese contexto, distintas voces han llamado a reforzar los protocolos de resguardo de información y a garantizar el respeto irrestricto a los datos personales dentro de la administración pública. Asimismo, se enfatiza la necesidad de avanzar en eventuales responsabilidades administrativas o penales que pudieran derivarse de la investigación en curso.

El caso continúa en desarrollo y se espera que las autoridades competentes determinen las medidas correspondientes frente a los hechos denunciados.