En el marco de la tramitación de la reforma que moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la diputada Flor Weisse destacó la importancia de avanzar en una legislación que permita reducir los plazos de evaluación, otorgar mayor certeza jurídica y fortalecer la inversión en las regiones.

La parlamentaria subrayó que esta iniciativa —actualmente en discusión en el Congreso Nacional— busca corregir una de las principales debilidades del sistema: la excesiva extensión de los procesos y la incertidumbre que enfrentan proyectos que, incluso contando con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, se ven expuestos a prolongadas instancias de judicialización.

“Estamos frente a una reforma necesaria para el desarrollo del país y particularmente de regiones como el Biobío, donde existen iniciativas de alto impacto que no logran materializarse pese a haber cumplido con todas las exigencias ambientales”, señaló la diputada.

Entre los elementos más relevantes del proyecto de ley, destacó la reducción de plazos en la evaluación ambiental, el fortalecimiento del carácter técnico del proceso y la incorporación de mecanismos que permitan resguardar la certeza jurídica, como la eventual compensación estatal en casos donde una RCA otorgada conforme a derecho sea posteriormente invalidada por tribunales.

En este contexto, y en el ejercicio de su labor fiscalizadora, la diputada Weisse ofició al Ministerio del Medio Ambiente con el objetivo de recabar información detallada sobre los proyectos de inversión en la Región del Biobío que actualmente cuenten con Resolución de Calificación Ambiental aprobada, pero que se encuentren paralizados o entrampados en procesos administrativos o judiciales.

“La discusión legislativa debe basarse en datos concretos. Por eso hemos solicitado conocer cuántos proyectos en nuestra región podrían destrabarse con esta reforma, qué nivel de inversión está comprometido y cuántos empleos están en juego”, afirmó.

La parlamentaria enfatizó que su gestión busca asegurar que la reforma tenga un impacto real en las regiones permitiendo compatibilizar el desarrollo económico con altos estándares de protección ambiental.

Finalmente, hizo un llamado a avanzar en una tramitación responsable y con sentido de urgencia: “El desafío es claro: mejorar nuestro sistema sin debilitarlo,
dando certezas tanto a las comunidades como a quienes invierten y generan empleo en nuestras regiones”.