El ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordó el debate sobre la reforma constitucional en materia de seguridad, que es parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), del Gobierno.

El Ejecutivo plantea una serie de cambios a la Carta Magna, que en la vereda de oficialismo ya causan reparos. Algunas voces del sector han manifestado diferencias con el nuevo estado de excepción y los cambios al artículo 1° de la Constitución, que plantea el gobierno.

El secretario de Estado defendió que la modificación al artículo 1° "es una cosa rectora, es incorporar en el artículo 1° que es un deber del Estado la seguridad pública. Hoy día eso no está literalmente, está la seguridad nacional que tiene relación con la seguridad pública, y hay otros aspectos señalados en ese artículo 1°.

Pero cuando lo ponemos en el artículo 1° de la Constitución, en las bases de la institucionalidad, ilumina toda la discusión hacia abajo". "Ya no es una cosa accesoria, ya no es una función de un servicio público más que podrá o no hacer el Estado", acotó.

En cuanto a la crítica de juristas sobre lo redundante de la disposición, el ministro reparó que "usted sabe que junta dos abogados y salen cinco opiniones". "Hay otra serie de abogados constitucionalistas muy serios que irán a defender esto al Congreso, y parlamentarios también, con quien hemos tenido esta discusión prelegislativa, que están totalmente convencidos que esto va a cambiar el mandato al Estado, el deber, primero, del Estado, reconocerlo en el artículo 1°, que es la seguridad. Sin seguridad no hay libertad", expuso.

E inquirió: "¿Qué sacamos con poner en el 19, donde están los derechos que hay libertad de tránsito, si la gente no puede salir de la casa? Y por eso creemos que tiene que estar en el artículo 1°, y ahí hay informes en derecho y está toda la fundamentación".

Como sea, expresó que "me agrada ver que el único argumento que hay es que es redundante. No es negativo. Es bastante positivo en ese sentido, si el único argumento en contra de esto es que no estaría de más ni de menos ponerlo.

Nosotros creemos que es importantísimo ponerlo". En lo que compete al nuevo estado de excepción constitucional, Arrau explicó que este es de orden "policial.

Los que tienen la expertise, los que tienen los medios (...) son las policías. Y cuando se habla que se podrá pedir cooperación o en coordinación con las Fuerzas Armadas, es para cosas muy puntuales.

Que la gente no se imagine que es como un estado de emergencia". A la advertencia del abogado Roberto Cox, relativo a que uno de los problemas de los estados de excepción, es que terminan afectando las garantías constitucionales de la ciudadanía, el ministro reparó que "la ciudadanía ya ve afectado su derecho constitucional cuando no puede salir de la casa, cuando tiene que pagar extorsión para trabajar, cuando vive con miedo". "¿Qué más afectación de su garantía constitucional quiere?

Leamos todas las garantías que está en el artículo 19, digamos, cuántas se cumplen, porque tenemos miedo de salir a la calle", dijo. "Yo llamo a todas estas personas que a veces son muy garantistas, que ven esto con ese resquemor, y preguntémosle a la gente si está de acuerdo o no en que haya más fuerza por parte de las fuerzas de orden y seguridad, que tengan más medios para combatir quienes precisamente les impide a la ciudadanía ejercer sus derechos fundamentales.

Hay que poner en la balanza el poder que se le da al Estado para hacer cumplir la ley y dar seguridad, versus también hoy día las garantías que están siendo vulneradas por la inacción del Estado", aseveró.