Un importante giro en el mercado inmobiliario nacional se está gestando ante la inminente modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

La normativa, anunciada por el Ejecutivo en abril, sometida a consulta ciudadana y actualmente en trámite en la Contraloría General de la República, promete cambiar el rumbo de los futuros proyectos habitacionales en el país.

La iniciativa contempla ajustes clave en materias como la exigencia de estacionamientos, la forma de medir las áreas construidas y la modificación del coeficiente de habitantes por hectárea.

Según destacan actores de la industria, estos cambios permitirán potenciar la densificación urbana y facilitar la construcción de viviendas de menor tamaño y precios más económicos, lo que se traduciría en una ayuda directa para que más familias puedan acceder a la casa propia.

Claves de la transformación

Entre los principales aspectos que modificará la ordenanza destaca la regulación del coeficiente de habitantes por hectárea en zonas residenciales. Mientras que la normativa actual establece un coeficiente estándar de cuatro personas, la propuesta de la OGUC lo reduce a 2,8, e incluso a 1,4 en zonas cercanas a redes de transporte público.

Esta rebaja normativa facilitará que las inmobiliarias proyecten una mayor proporción de viviendas compactas —principalmente departamentos de un dormitorio y un baño— en aquellos paños de terreno que aún no inician obras ni cuentan con permisos de edificación aprobados.

Los desafíos y reparos locales

Pese al optimismo del sector privado respecto a la reactivación de la oferta a menor escala, desde la industria advierten que la implementación de estos cambios no estará exenta de desafíos.

Las inmobiliarias recalcan que las nuevas disposiciones de la ordenanza deberán "conversar" de manera armónica con los planes reguladores comunales.

Esto, debido a que diversas municipalidades y comunidades han expresado reparos ante los ajustes, advirtiendo sobre el riesgo de una sobre densificación que supere la capacidad de infraestructura y servicios que los barrios y municipios pueden soportar.

Por ahora, el futuro de esta nueva oferta habitacional depende de la luz verde definitiva que entregue la Contraloría al texto de la OGUC, momento en el cual las inmobiliarias darán el vamos oficial a sus carteras de proyectos adaptados a la nueva normativa.