Chillán: Cuatro ex carabineros quedan en prisión preventiva por una serie de delitos en el ejercicio de sus funciones

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18/07/2026


El Juzgado de Garantía de Chillán dictó la medida cautelar de prisión preventiva para cuatro ex funcionarios de Carabineros, tras ser formalizados por el Ministerio Público por una grave serie de delitos cometidos mientras se encontraban en servicio.

La investigación, que involucra a un total de cinco uniformados —tres oficiales y dos suboficiales—, reveló un "modus operandi" sistemático donde los funcionarios realizaban allanamientos irregulares en domicilios, principalmente en sectores como Villa Las Almendras y la población Vicente Pérez Rosales, sin contar con las órdenes judiciales necesarias.

Detalles de la investigación Según la fiscal Nadia Espinoza Caro, los imputados utilizaban su investidura para ingresar a viviendas, donde no solo realizaban detenciones ilegales y cometían agresiones contra los ocupantes, sino que también sustraían especies de valor, incluyendo dinero en efectivo, teléfonos celulares y droga. Posteriormente, para encubrir sus acciones, alteraban documentos oficiales y el libro de novedades de la unidad policial.

Los hechos habrían comenzado a gestarse en 2025 y se prolongaron hasta 2026, cuando denuncias internas y la labor de la Sección de Asuntos Internos de Carabineros permitieron desarticular el grupo.

Medidas cautelares El magistrado Manuel Vilches Meza determinó la prisión preventiva para cuatro de los imputados —identificados como S.I.T.S., R.A.T.V., D.A.D.F. y A.H.L.T.— por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Estos cumplirán la medida en una unidad especial para funcionarios policiales ubicada en la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío.

Por otro lado, el quinto involucrado, C.D.M.M., quedó sujeto a arresto domiciliario total y con prohibición de comunicarse con los demás coimputados, al determinarse una participación distinta en los hechos.

El tribunal estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación, periodo en el cual se buscará esclarecer la totalidad de los ilícitos, entre los que se cuentan robo con intimidación, robo en lugar habitado, apremios ilegítimos, obstrucción a la investigación y denuncia calumniosa.



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