Un grupo transversal de parlamentarios presentó una iniciativa legal destinada a reforzar la protección jurídica de las personas que son víctimas de robos violentos de vehículos —como encerronas, portonazos y turbazos— y que, en su intento por repeler la agresión o escapar para salvaguardar su vida, lesionan o causan la muerte a los delincuentes.

El proyecto cuenta con firmas de distintos sectores políticos, incluyendo a los senadores Arturo Squella (Republicanos), Paulina Vodanovic (PS), Iván Flores (DC), Andrés Longton (RN) y Cristián Vial (Republicanos).

Los puntos clave de la propuesta:

• Presunción legal: La normativa busca establecer una presunción legal a favor del conductor o pasajero que, estando al interior de un vehículo y enfrentando una intimidación o ataque, maniobre para huir o defenderse y genere daños al agresor. Con esto se busca evitar el absurdo jurídico de que la víctima termine siendo imputada penalmente por intentar proteger su integridad.

• Criterio de sentido común: Desde los impulsores de la iniciativa se ha enfatizado que la actual normativa penal genera una alta sensación de temor e inseguridad en la ciudadanía, al percibirse con un foco casi exclusivo en las garantías de los delincuentes.

• Exigencia al Ministerio Público: El texto también estipula que la fiscalía deberá fundamentar de manera muy estricta, respaldándose en antecedentes concretos, cualquier acción penal que pretenda iniciar en contra de un ciudadano que actuó en legítima defensa durante este tipo de delitos violentos.