La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) dio a conocer la denominada “Agenda Mártires de Chile”, un estatuto especial de protección enfocado en entregar respaldo permanente a los familiares de funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) que pierdan la vida en actos de servicio.

La propuesta surge como respuesta al incremento de la violencia en los procedimientos policiales y a las falencias del actual régimen de beneficios previsionales, con el objetivo de convertir el respaldo estatal en una política permanente que no dependa del gobierno de turno.

Ejes clave de la iniciativa

El documento contempla un total de 16 medidas orientadas al ámbito previsional, educacional, habitacional y laboral:

• Modificación previsional: Se propone que la pensión de montepío se calcule sobre la base del grado que el funcionario habría alcanzado al término de su carrera, eliminando además las restricciones de acceso y equiparando las pensiones de los distintos beneficiarios.

• Educación garantizada: El Estado financiaría el 100% de los estudios de los hijos de los mártires —desde la educación prebásica hasta la obtención de un título técnico o profesional— sin importar el nivel socioeconómico. La medida incluye becas de postgrado, recursos para útiles, uniformes, transporte y cupos preferentes en recintos de excelencia.

• Seguro de vida y gastos inmediatos: Se plantea elevar el seguro de vida hasta las 10.000 UF, incorporando un anticipo del 10% de dicho monto que deberá ser pagado dentro de las primeras 48 horas posteriores al fallecimiento para solventar gastos urgentes.

• Apoyo habitacional y laboral: La agenda contempla la adquisición por parte del Estado de una vivienda de hasta 4.500 UF para las familias que no sean propietarias, la condonación de créditos hipotecarios vigentes, la exención permanente de contribuciones y un subsidio especial de inserción laboral para los hijos de los efectivos.

Desde la colectividad legislativa llamaron al Ejecutivo a incorporar estas propuestas mediante indicaciones dentro de las discusiones sobre modernización de la carrera funcionaria y seguridad, enfatizando que el Estado debe responder con firmeza y protección social a la altura del sacrificio de quienes resguardan el orden público.