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30/07/2026
La Tesorería General de la República (TGR) anunció un fortalecimiento de las medidas de cobro para recuperar las deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), incorporando nuevos mecanismos de embargo sobre activos financieros de los deudores.
La institución señaló que estas medidas forman parte de las herramientas legales disponibles para recuperar los recursos adeudados, aunque reiteró que su prioridad continúa siendo que las personas regularicen su situación mediante convenios de pago antes de enfrentar acciones judiciales.
De acuerdo con la información entregada por la TGR, los procesos de embargo ya no solo consideran activos financieros tradicionales, como cuentas corrientes y depósitos a plazo.
Ahora también podrán incluir recursos mantenidos en billeteras digitales y plataformas de inversión, entre ellas Fintual, SoyFocus y Tenpo Inversiones. A ello se suma la retención de remuneraciones, mecanismo incorporado recientemente a la legislación que permite perseguir el pago de deudas tributarias o fiscales pendientes.
La Tesorería precisó que estas acciones se aplicarán mientras continúa incentivando la regularización voluntaria de las deudas mediante convenios de pago.
La institución informó que, hasta la fecha, ha recuperado $109.310 millones por concepto de deudas del CAE gracias a los convenios de pago suscritos por los contribuyentes.
Asimismo, indicó que más de 62 mil personas han firmado este tipo de acuerdos para regularizar su situación financiera. Sin embargo, advirtió que 1.175 convenios han caducado, de los cuales 836 ya enfrentan demandas activas, por lo que llamó a los beneficiarios a mantener al día el pago de sus cuotas, cuyo vencimiento corresponde al último día de cada mes.
La TGR destacó que los convenios vigentes contemplan condiciones orientadas a facilitar el pago de la deuda. Entre ellas, las cuotas mensuales no pueden superar el 10% de los ingresos del deudor y el monto del pago inicial varía según el nivel de renta.
Además, quienes lo deseen pueden realizar un pago inicial superior para disminuir el plazo del convenio o amortizar una parte mayor de la deuda. La institución reiteró que busca privilegiar la regularización voluntaria antes de iniciar o continuar procesos de cobranza judicial.
