Para dar a conocer a la comunidad los alcances del protocolo de acceso a la justicia de personas mayores, los integrantes del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Los Ángeles efectuaron una ceremonia de lanzamiento de la iniciativa en que son la unidad judicial piloto en la jurisdicción.

La actividad, encabezada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción Mauricio Silva Pizarro, contó con la participación de magistrados del tribunal; Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema; de representantes del Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Colegio de Abogados, Municipalidad de Los Ángeles y personas mayores de la comuna.

El objetivo del protocolo es acercar la justicia a la comunidad, disminuyendo las brechas que pueden afectar a las personas mayores como grupo vulnerable, mediante un trato más cercano, con lenguaje claro, indicaciones simples y apoyo en las necesidades que se presenten.

“Invitamos a ciudadanos de la tercera edad para que pudieran conocer cómo trabaja un tribunal de justicia y como, en concreto, estamos asistiendo a las personas que tengan alguna necesidad de movilidad, de desplazamiento, de orientación, de compañía o de cualquier tipo de requerimiento. Tenemos funcionarios designados para que puedan asistirlos desde el ingreso al tribunal hasta que concluyan su participación en el proceso”, comentó la jueza presidenta del tribunal, Kary Videla.

Mientras tanto, el ministro Mauricio Silva Pizarro resaltó la trascendencia de esta materia en la que la Corte de Apelaciones de Concepción se encuentra trabajando hace algunos años.

“Nuestra sociedad va hacia tener una población importante de adulto mayor, por lo que es necesario tener un protocolo especial para garantizar su acceso a la justicia.

Desde hace años que nos estamos preocupando por un grupo vulnerable que no estaba muy visibilizado, que requiere una mirada especial y ocuparse de la situación, dándoles a las personas mayores ciertas garantías de igualar sus posibilidades con otras personas que están compareciendo en el proceso, porque no manejan plenamente la tecnología y por las situaciones que deben vivir, por lo que se necesita un acceso fácil que les permita entender lo que están haciendo y ejercer sus derechos de manera libre y voluntaria”, explicó el ministro Silva.