Continúa el debate en torno a la propuesta de Ley de Presupuesto 2027 ingresada por el Gobierno al Congreso Nacional para su discusión y eventual aprobación.

En esa línea, para la partida del Ministerio de Educación se contempla una modificación sustancial en la gestión de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP): el establecimiento de límites máximos para la dotación docente calculados expresamente en horas de trabajo.

Según consigna el articulado de la ley presupuestaria, cada sostenedor público tendrá fijado un techo bajo el concepto de “Dotación Docente, N° de horas Docentes Establecimientos Educacionales”, una fórmula que fija el marco de contrataciones y que podría restringir el número de profesores a financiar durante el próximo ejercicio económico.

En este grupo de Servicios Locales, que ya administraban colegios o contaban con horas fijadas en 2026, la tendencia general muestra un ajuste o reducción en el límite máximo de horas docentes autorizadas.

En la Región del Biobío, actualmente son tres los servicios locales que están en funcionamiento: SLEP Andalién Costa, SLEP Andalién Sur y SLEP Puelche, los cuales totalizan la administración de la educación en 15 comunas y 259 establecimientos.

Según la glosa presupuestaria de Educación presentada por el Ejecutivo para el próximo año, la dotación docente autorizada en la zona disminuye en un total de 5 mil 736 horas docentes, lo que representa una reducción regional cercana al 3% en comparación con 2026.

En detalle, para 2027 el SLEP Andalién Costa registra una baja de 3 mil 185 horas docentes y el SLEP Puelche una disminución de 2 mil 551 horas, mientras que el SLEP Andalién Sur no presenta variaciones.

Alcance de la medida

La propuesta establece un máximo de horas para la dotación docente de cada servicio. Ese techo determina cuántas jornadas laborales pueden financiarse y debe considerarse al elaborar los planes anuales de los territorios.

Sin embargo, una reducción de ese máximo no equivale automáticamente a eliminar horas de clases. Tampoco permite establecer, por sí sola, cuántos profesores podrían perder su trabajo: los contratos tienen distintas extensiones y las decisiones dependerán de la situación técnica de cada servicio.

Por ejemplo, 4 mil 400 horas de contratación equivalen a 100 jornadas semanales de 44 horas. Sin embargo, esas mismas horas pueden distribuirse entre un número mayor de trabajadores con contratos parciales. Por ello, las jornadas equivalentes sirven para dimensionar un ajuste, pero no representan una cantidad confirmada de despidos.

Debate político y gremial

Luego de conocerse la propuesta, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a la disminución cercana al 3,6% nacional en las horas docentes máximas y a las advertencias de que el ajuste en los SLEP podría traducirse en desvinculaciones.

Quiroz sostuvo que la caída en la natalidad ha reducido la matrícula escolar, lo que obliga a buscar mayor eficiencia en los recursos. “Eso va generando la necesidad bastante obvia de lograr mayores eficiencias, o sea, a lo mejor centros en que se impartía educación en lugares distintos hay que concentrarlos”, afirmó el secretario de Estado en conversación con Radio Infinita.

Asimismo, la autoridad económica reconoció las consecuencias del ajuste: “Probablemente tengan que haber desvinculaciones, pero esas desvinculaciones no tienen nada que ver con no entregar el beneficio social”, aseguró.

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde el Colegio de Profesores de Chile, su presidente nacional, Mario Aguilar, calificó como graves los ajustes anunciados.

“Son extremadamente graves las declaraciones que ha realizado el ministro de Hacienda, en las que a priori anuncia el despido de docentes. Esto no corresponde, porque cada uno de los servicios públicos de educación, ya sean municipales o SLEP, requieren de la existencia de un plan anual, que en el caso de los municipios es el PADEM y en los servicios locales es el PAL”, cuestionó Aguilar.

El líder del Magisterio enfatizó que “esos planes tienen que basarse en criterios técnico-pedagógicos y no en criterios económicos, porque de lo que se trata no es de ahorrar recursos; el objetivo principal debe ser cumplir adecuadamente con los objetivos educacionales que tiene cada servicio”.