La tramitación de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno de José Antonio Kast ha vuelto a evidenciar las diferencias que existen en la oposición frente a los proyectos de seguridad.

Aunque el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) han expresado reparos y votado en contra de casi todas las iniciativas, el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD) han mostrado posiciones menos uniformes, con respaldos, rechazos y abstenciones según el contenido de cada propuesta.

El contraste se ha hecho visible en las votaciones de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), la reforma constitucional para ampliar el plazo de detención de migrantes y la denominada Ley Antibarricadas 2.0.

A ello se suma el fracaso de la reforma constitucional de seguridad impulsada originalmente por el Ejecutivo, que no logró reunir los apoyos necesarios para avanzar en el Senado. La ACOT fue anunciada por el Presidente Kast a comienzos de agosto y contempla más de 30 proyectos y una reforma constitucional, con el objetivo de fortalecer las herramientas del Estado contra el crimen organizado y el terrorismo.

Sin embargo, su avance legislativo ha dependido tanto de los respaldos del oficialismo como de la disposición de sectores opositores a apoyar determinadas medidas.

RUF: El FA y el PC votaron en contra, mientras el PS mostró diferencias

Uno de los ejemplos más recientes se produjo el 7 de octubre, cuando la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre las Reglas de Uso de la Fuerza, iniciativa que establece un marco legal para la actuación de las policías y las Fuerzas Armadas en las circunstancias contempladas por la normativa.

La votación terminó con 111 votos a favor, 23 en contra y cinco abstenciones. Los votos negativos correspondieron a diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista, mientras que las abstenciones incluyeron a los socialistas Andrea Macías, Daniel Manouchehri y José Antonio Rivas, además de César Valenzuela, también del PS, y Consuelo Veloso, del FA.

Ese mismo día, el Senado también aprobó el informe, con 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Entre quienes rechazaron la iniciativa hubo representantes del FA y el PC, pero también senadores socialistas y del PPD, como Danisa Astudillo, Juan Luis Castro, Daniella Cicardini, Gastón Saavedra y Paulina Vodanovic (PS), junto con Ricardo Celis y Ximena Órdenes (IND-PPD). El senador Fidel Espinosa (PS), en tanto, se abstuvo. La aprobación no puso fin a la controversia.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, cuestionó el requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional contra algunas normas de la iniciativa, relativas al uso de fuerza potencialmente letal y al principio de proporcionalidad. En sus críticas apuntó al PC y a algunos senadores socialistas.

Reforma sobre migrantes: El rechazo del FA y el PC y las diferencias en el PS

Otra votación que evidenció las divisiones opositoras ocurrió el 22 de septiembre, cuando la Cámara rechazó por un voto la reforma constitucional del Gobierno que buscaba ampliar el plazo de detención para ejecutar expulsiones administrativas de migrantes.

La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, pero necesitaba 89 respaldos para alcanzar el quórum de cuatro séptimos. Entre los votos negativos hubo una importante presencia de diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista, junto con parlamentarios socialistas.

En concreto, votaron en contra representantes del FA como Ignacio Achurra, Jaime Bassa, Jorge Brito, Lorena Fries, Emilia Schneider, Gonzalo Winter y Gael Yeomans, entre otros. Por el PC, hicieron lo propio Marcos Barraza, Nathalie Castillo, Luis Cuello, Gustavo Gatica, Irací Hassler, Lorena Pizarro y Daniela Serrano.

También rechazaron la propuesta los socialistas Carolina Cucumides, Andrea Macías, José Antonio Rivas, Juan Santana y César Valenzuela.

El desenlace también estuvo marcado por decisiones distintas dentro del PPD y del PS. El diputado José Montalva (PPD), que había manifestado su intención de apoyar la iniciativa, finalmente no votó, al igual que el diputado Patricio Pinilla (DC), mientras que Marcos Ilabaca (PS) se abstuvo.

El proyecto quedó así sin el respaldo necesario para avanzar, aunque el Ejecutivo decidió posteriormente insistir en su tramitación mediante el mecanismo constitucional correspondiente.

Antibarricadas 2.0: Los reparos del FA y el PC

La discusión de la Ley Antibarricadas 2.0 volvió a mostrar los reparos del Frente Amplio y el Partido Comunista frente a determinadas herramientas de seguridad. El 23 de septiembre, la Cámara aprobó en general la iniciativa con 89 votos a favor, 41 en contra y tres abstenciones, por lo que pasó al Senado para continuar su tramitación.

La propuesta busca ampliar las conductas sancionadas por la legislación vigente, incluyendo la obstaculización total o parcial de la circulación de personas y vehículos, así como las acciones que afecten el funcionamiento de servicios de transporte. Uno de sus cambios centrales es eliminar la exigencia de acreditar violencia o intimidación para configurar el delito.

Durante el debate, parlamentarios del FA y el PC formularon una reserva de constitucionalidad, dejando constancia de sus reparos jurídicos respecto del proyecto.

En paralelo, la Cámara aprobó una indicación del diputado socialista Raúl Leiva que establece que la norma no se aplique cuando una persona ejerza legítimamente sus derechos de reunión, huelga o manifestación pacífica.

Una excepción: La extensión de la flagrancia obtuvo respaldo unánime

Las diferencias no se han repetido en todas las iniciativas de la agenda. El proyecto que amplía el período en que un delito puede considerarse flagrante fue aprobado por unanimidad en ambas cámaras, tras el acuerdo alcanzado en una Comisión Mixta. La Cámara respaldó el informe con 125 votos a favor y ninguno en contra ni abstenciones.

La iniciativa amplía de 12 a 24 horas el plazo para efectuar detenciones en flagrancia por parte de Carabineros y la Policía de Investigaciones, además de establecer un plazo de hasta 48 horas cuando la detención corresponda a funcionarios de la Autoridad Marítima.

La reforma constitucional: Del rechazo a la apertura del PPD a una nueva propuesta

Las diferencias también se expresaron en torno a la reforma constitucional de seguridad que se está impulsando por parte de algunos senadores en reemplazo de la reforma inicialmente ingresada por el Ejecutivo.

Y es que según consignó El Mercurio, la bancada de senadores PPD está por revisar el proyecto y en el partido, aseguran que es probable que todos los representantes en el Senado se terminen sumando, puesto que la reforma está escrita de tal manera que es "muy difícil decir que no". Otro factor a consideración es el costo que tiene el oponerse a una medida de seguridad.

Desde el PPD, su presidente, el diputado Raúl Soto, sostuvo que la propuesta original representaba un riesgo para la democracia por la concentración de facultades presidenciales. Según explicó, el retiro de esa iniciativa era una condición para abrir espacios de diálogo con el Ejecutivo.

Sin embargo, el parlamentario marcó una diferencia respecto de la nueva reforma presentada por senadores de distintos sectores políticos, entre ellos el PPD Pedro Araya. Soto planteó que corresponde analizar esa propuesta en su mérito y aseguró que su partido no tiene una postura cerrada frente a nuevas herramientas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

"Lo que corresponde responsablemente es que ese proyecto sea analizado en su mérito", señaló, añadiendo que, si las herramientas sirven para enfrentar las nuevas formas delictuales, "bienvenido sea". También reconoció que "el progresismo ha perdido credibilidad y confianza ciudadana en materia de seguridad en los últimos años".