La Cámara de Diputados aprobó este lunes, por 121 votos a favor, siete en contra y seis abstenciones, el proyecto que modifica la Ley N° 21.802, que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito.

Con ello, la iniciativa quedó despachada del Congreso y en condiciones de convertirse en ley. En cuanto al detalle de la votación, los siete votos en contra correspondieron a Héctor Barría (DC), Jaime Bassa (FA), Carlos Cuadrado (PPD), Javier Muñoz (DC), Javier Olivares (PDG), Cristián Tapia (ind-PPD) y Nelson Venegas (PS).

En tanto, se abstuvieron Jaime Araya (ind-PPD), Francisco Crisóstomo (PS), Andrea Macías (PS), Alex Nahuelquín (PDG), Raúl Soto (PPD) y Héctor Ulloa (PPD). La propuesta apunta a resolver dificultades detectadas durante la implementación de la normativa, que entró en vigencia en agosto de este año, y entregar mayores herramientas a los municipios para organizar y fortalecer sus equipos de seguridad.

Uno de los principales cambios es que las municipalidades podrán contratar inspectores de seguridad bajo las normas del Código del Trabajo.

Estos trabajadores tendrán la calidad de funcionarios públicos y estarán sujetos a las reglas de responsabilidad administrativa, cuyo cumplimiento se determinará mediante el procedimiento establecido en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

En materia de remuneraciones, el proyecto establece que los sueldos de quienes sean contratados bajo este régimen deberán asimilarse a un grado de la planta municipal y no podrán superar los montos establecidos para funcionarios de planta o contrata que realicen labores de seguridad municipal. También fija límites para las indemnizaciones que puedan pactarse.

Nuevos márgenes de gasto para los municipios

Otro de los ejes de la iniciativa es modificar los límites de gasto que enfrentan las municipalidades para contratar personal destinado a labores de seguridad. En concreto, la normativa establece que estos pagos no quedarán sujetos al límite general de gasto en personal contemplado en el Estatuto Administrativo Municipal. En su reemplazo, fija un margen anual de hasta el 5% de los ingresos propios percibidos por cada municipio durante el año anterior.

Ese porcentaje podrá elevarse excepcionalmente hasta el 15%, previa autorización fundada de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). Asimismo, podrá llegar hasta el 25%, en cuyo caso se requerirá también la visación de la Dirección de Presupuestos.

Para resolver esas solicitudes se deberán considerar criterios como la condición de capital regional, la sostenibilidad financiera del municipio, la población residente y flotante, la extensión territorial, la ruralidad, los niveles de vulnerabilidad sociodelictual y la dependencia del Fondo Común Municipal.

Además, las contrataciones deberán ser informadas en los reportes correspondientes y el alcalde tendrá que dar cuenta anualmente al concejo municipal de la aplicación de estos límites.

Exámenes y requisitos para los inspectores

La modificación también flexibiliza el mecanismo para acreditar la idoneidad física y psicológica que exige la ley para ejercer funciones de seguridad municipal. Así, las evaluaciones podrán realizarse en establecimientos de salud públicos, privados o en mutuales de seguridad, y no quedarán circunscritas a los servicios públicos de salud.

Para los inspectores que ya se encuentran desempeñando estas labores, el proyecto contempla un plazo de doce meses, contado desde la dictación del respectivo decreto alcaldicio de nombramiento, para acreditar este requisito.

En materia de conducción, la iniciativa establece que los conductores de vehículos destinados a funciones de seguridad municipal, tanto de las municipalidades como de las asociaciones de municipios, deberán contar con la licencia no profesional que corresponda según las características del vehículo.

Esta deberá tener una antigüedad mínima de tres años. La propuesta también amplía de 60 a 180 días uno de los plazos transitorios contemplados en la ley y elimina una de sus disposiciones transitorias. Por último, incorpora un plan anual de oferta programática de seguridad a cargo de la Subdere, al que podrán postular los municipios.

Este podrá incluir capacitaciones y formación para inspectores, además de infraestructura para seguridad, entre otras iniciativas. Para la asignación de puntajes se podrán considerar factores como la vulnerabilidad sociodelictual, la condición de zona extrema y la dependencia del Fondo Común Municipal o los menores ingresos propios de una comuna.