Diputados ingresan proyecto de reforma constitucional que busca condonar deudas por "derechos de aseo domiciliario"

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16/10/2022


El diputado de Renovación Nacional (RN), Hugo Rey, junto a otros parlamentarios de distintas tiendas, presentaron un proyecto de reforma constitucional para que "se declaren prescritas las obligaciones por concepto de derechos de aseo domiciliario devengadas entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2022".

Según afirmó el miembro de la Cámara Baja, "presentar el proyecto de ley para condonar las deudas por derechos de aseo contraídas durante la pandemia (se da en un momento) en que la situación económica de las familias chilenas ha empeorado. Ya no resiste más y queremos con este perdonazo aliviar las cargas de los hogares chilenos".

Rey justificó el periodo mencionado, señalando que en marzo de 2020 la pandemia del covid-19 comenzó a impactar a los chilenos y "nos llevó a estar en una cuarentena por largos meses, afectando claramente los ingresos de las familias", e incluye hasta septiembre de 2022, porque "la inflación que ha conllevado un alza en la canasta básica y otras materias de nuestro diario vivir como la locomoción, combustibles y vestuario, hace difícil la situación financiera de los hogares".

En el proyecto que se ingresó, se consigna también que el Banco Central ha establecido "una política monetaria restrictiva que ha encarecido el crédito, lo que también supone un perjuicio financiero para los hogares que a través de préstamos que financian su vivienda u otras necesidades".

El diputado Miguel Ángel Calisto (DC), quien también firma, precisó por su parte que el proyecto tiene "la finalidad de entregar un alivio a muchas familias chilenas.

Queremos que se condonen las deudas por concepto de aseo domiciliario que muchas familias hoy en día deben a muchos municipios del país". Calisto consideró que "no es justo que las familias más pobres estén pagando derechos de aseo.

Hemos acordado generar un proyecto que permite condonar deudas de las familias chilenas entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2022.

Fechas complejas desde el punto de vista económico que golpearon fuertemente a nuestras familias: el estallido social, la pandemia y, por supuesto, la grave inflación que hoy nos afecta, son elementos que justifican este proyecto".



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